La nueva PAC cambia las ayudas al campo y da prioridad a los agricultores en activo, a los jóvenes y a las pequeñas explotaciones

La Unión Europea prepara una nueva etapa para las ayudas al campo. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han acordado su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, una reforma que busca orientar mejor las subvenciones hacia los agricultores en activo, las pequeñas explotaciones y los jóvenes que quieran incorporarse al sector. Sin embargo, dos cuestiones fundamentales continúan abiertas: cuánto dinero habrá disponible y qué límites se impondrán a las ayudas que recibe cada explotación.

El acuerdo permitirá al Consejo de la UE comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo, aunque todavía no supone la aprobación definitiva de la reforma. La posición pactada deja fuera los aspectos presupuestarios, que deberán resolverse durante las conversaciones sobre las próximas cuentas comunitarias. Hasta que se cierre esa negociación, no quedarán definidos todos los detalles económicos de un sistema que condiciona buena parte de los ingresos de numerosas explotaciones agrícolas.

Detrás de estos cambios está la intención de modificar el reparto de los fondos europeos y dar mayor margen de actuación a los Estados miembros. El objetivo es que cada país pueda adaptar las medidas de apoyo a las características de su sector agrario, sin abandonar los principios comunes que regulan la financiación comunitaria. La reforma se enmarca, además, en un proyecto más amplio de reorganización del presupuesto de la UE a partir de 2028.

Un nuevo reparto de las ayudas agrícolas

Uno de los cambios más relevantes afecta a la estructura de financiación de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea plantea integrar los recursos destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad, entre otras políticas, en planes nacionales y regionales que sustituirían a los programas independientes actuales. Esta reorganización supondría abandonar el modelo de dos pilares de la política agraria: uno dedicado a las ayudas directas y otro al desarrollo rural.

En su lugar, ambos instrumentos quedarían reunidos en un único marco de financiación. El cambio abre la puerta a una gestión más integrada de los fondos comunitarios, pero también sitúa la negociación presupuestaria en el centro del debate. La distribución final del dinero determinará el alcance real de las medidas y los recursos que podrán destinarse a cada prioridad.

La futura PAC también revisará los pagos vinculados a la superficie agrícola, uno de los mecanismos fundamentales para distribuir las ayudas. Según el Consejo, la intención es conseguir un reparto “más justo y eficaz”, con especial atención a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores. No obstante, la orientación general del acuerdo todavía debe traducirse en reglas concretas y en una dotación económica que sigue pendiente de definición.

Agricultores en activo y jóvenes, entre las prioridades

Para acceder a las ayudas, los Estados miembros deberán establecer una definición de agricultor en activo. Cada país podrá adaptarla a sus circunstancias nacionales, pero tendrá que contar con criterios que permitan determinar quién desarrolla efectivamente una actividad agraria. La medida busca orientar mejor los recursos públicos hacia quienes trabajan en el campo, aunque sus efectos dependerán de cómo se concreten esas definiciones en cada Estado.

Los ministros también contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos que modifiquen el reparto de los fondos entre beneficiarios. La intención es prestar una atención especial a las explotaciones de menor tamaño.

Otra de las prioridades es facilitar la entrada de nuevas generaciones en el sector. Los países deberán elaborar estrategias específicas para impulsar el relevo generacional, con medidas que incluyan mayores ayudas básicas, respaldo económico para poner en marcha explotaciones y acceso a formación y asesoramiento. El objetivo es reducir las barreras que afrontan quienes quieren iniciar una actividad agrícola y favorecer la continuidad de las explotaciones.

El límite de las grandes subvenciones sigue en el aire

Una de las cuestiones que todavía no se han resuelto es cómo se tratarán las ayudas de mayor cuantía. Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones más elevadas y establecer un importe máximo por explotación se negociarán en una fase posterior, junto con el resto de disposiciones relacionadas con el presupuesto europeo.

Este punto será determinante para conocer hasta qué punto cambiará la distribución de los fondos. Aunque el acuerdo señala a las pequeñas explotaciones como uno de los colectivos prioritarios, todavía no fija un techo definitivo para las subvenciones ni detalla cómo se aplicaría una eventual reducción de los pagos más elevados. Las decisiones pendientes pueden influir de manera significativa en el reparto final de las ayudas.

Más protección frente a sequías y crisis del mercado

La reforma no se limita al reparto de las subvenciones. La futura PAC mantendrá requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incluirá incentivos para favorecer la biodiversidad y proteger los recursos naturales. Al mismo tiempo, los gobiernos conservarán margen para adaptar la aplicación de estas exigencias a las condiciones locales de cada territorio.

Otro de los ejes de la propuesta es reforzar las herramientas con las que los agricultores pueden afrontar situaciones que amenacen sus ingresos. Entre ellas figuran los fenómenos meteorológicos extremos, las enfermedades que afectan a animales y plantas y las alteraciones de los mercados. La intención es mejorar la capacidad de respuesta de las explotaciones ante acontecimientos que pueden comprometer su actividad.

En este ámbito, se contempla financiar seguros agrarios e inversiones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector. Los gobiernos también podrán conceder pagos de emergencia a productores afectados por desastres naturales y otras circunstancias excepcionales. Estas medidas pretenden reducir el impacto de las crisis sobre las explotaciones y contribuir a mantener su viabilidad económica.

Conciliación y nuevas oportunidades para las zonas rurales

La posición negociadora incluye, además, medidas relacionadas con las condiciones de trabajo en el campo. Los Estados podrán establecer servicios de sustitución temporal para que las explotaciones dispongan de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos. Con ello, el Consejo busca mejorar la conciliación familiar y laboral de quienes trabajan en la agricultura.

El acuerdo también respalda la continuidad de la financiación de proyectos para diversificar la economía rural, especialmente en las zonas con mayores dificultades. El agroturismo, la innovación y la digitalización figuran entre las actividades que pueden contribuir a generar nuevas oportunidades económicas y reducir la dependencia exclusiva de la producción agraria.

La reforma entra ahora en una fase de negociación en la que deberán concretarse tanto las reglas de funcionamiento como los recursos disponibles. La prioridad declarada es mejorar el reparto de las ayudas, facilitar la incorporación de jóvenes y reforzar la capacidad de respuesta del campo ante las crisis. Pero el alcance de esos objetivos dependerá de dos decisiones aún abiertas: el presupuesto de la futura PAC y los límites que finalmente se establezcan para las subvenciones por explotación.