La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reclamado este martes al Consejo de Ministros la desclasificación de la totalidad de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vinculados a la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha fijado un plazo máximo de 15 días naturales para que el Ejecutivo cumpla con la medida.
En el auto al que ha tenido acceso Infobae, Tardón solicita que se hagan públicas “todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos” ocurridos esos días. La petición incluye de manera específica la documentación relacionada con “la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha”.
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Además, la jueza ha reclamado el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas correspondientes al 27 y al 30 de julio, identificadas con las referencias C/10266/27-07-2026 y C/10481/30-07-2026. La solicitud incluye cualquier otra comunicación remitida con posterioridad a esa fecha, indicando también la hora exacta de envío y certificación de su recepción efectiva por parte de los destinatarios.
Según el auto, esta documentación permitirá establecer qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de la entrada masiva prevista para el 30 de julio, además de determinar qué decisiones se adoptaron o se omitieron a partir de esa información.
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Desclasificación “con carácter urgente”
La resolución establece que la desclasificación debe producirse “con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales” desde que el Consejo de Ministros reciba la solicitud. Todo el material desclasificado se incorporará a la pieza separada que permanece bajo secreto de sumario dentro de la causa.
Tardón sostiene que la información reclamada “es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado”, ya que esta se vio comprometida precisamente durante los hechos que se investigan, y que determinar la autoría de ese ataque a la seguridad nacional constituye el objeto central de la causa. La magistrada añade que la eventual clasificación de la documentación “no constituye un obstáculo jurídico absoluto” que impida al órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.
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Antecedentes de una desclasificación parcial
El pasado 8 de septiembre, el Consejo de Ministros ya acordó una desclasificación parcial de la documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que incluyó tres escritos del servicio de inteligencia, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil.
El propio Ejecutivo reconoció entonces que no toda la documentación podía hacerse pública, debido a que parte de ella afecta a información especialmente protegida o incorpora elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.
La jueza ha reclamado también a otros organismos documentación relacionada con la crisis, entre ellos al Estado Mayor de la Defensa, al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil.
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