El Gobierno aprueba un paquete de medidas para reforzar la soberanía tecnológica

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Madrid, 20 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado hoy un paquete de medidas para fortalecer la autonomía científica y tecnológica de España y reforzar algunas de las áreas estratégicas, como la inteligencia artificial, la biotecnología o los semiconductores, en las que la competencia a nivel global es más intensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado para ello un real decreto-ley que prevé la creación de una red de hasta veinte centros públicos de interés nacional que serán referentes en cada una de esas áreas estratégicas, a los que otorgará una mayor autonomía de gestión.

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El Gobierno ha aprobado además una reestructuración del Barcelona Supercomputing Center para transformarlo en una fundación pública adscrita a la administración general del Estado que le permita tener más autonomía de gestión, así como la autorización para que pueda crear una empresa que comercialice los resultados de sus investigaciones.

El decreto aprobado hoy incorpora nuevas medidas para agilizar los procedimientos de colaboración y transferencia del conocimiento en todo el sector público; e incentivos fiscales para las empresas, incrementando las deducciones por innovación tecnológica y ampliando las bonificaciones en la seguridad social para la contratación exclusiva de personal especializado.

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El objetivo de la 'red de centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica' que propone el Ejecutivo en el decreto es que puedan investigar en la frontera del conocimiento y trasladar sus resultados a la economía y a la sociedad con más rapidez.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el contexto internacional actual, de "intensa" competencia tecnológica, y la importancia por ello de que España refuerce sus capacidades estratégicas y su soberanía en esas áreas.

El nuevo estatus podrá aplicarse a consorcios y fundaciones del sector público y a entidades públicas acreditadas ya como centros 'Severo Ochoa' o como unidades 'María de Maeztu', y siempre que desarrollen líneas de investigación de alto impacto que estén directamente vinculadas a la soberanía tecnológica.

Las diez áreas tecnológicas contempladas en el decreto son los semiconductores avanzados; la inteligencia artificial; las tecnologías cuánticas; las biotecnologías; la conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas; las tecnologías avanzadas de detección; las tecnologías espaciales y de propulsión; las energéticas; la robótica y sistemas autónomos; y los materiales, fabricación y reciclado avanzados.

La ministra ha detallado que en principio el régimen especial se aplicará a un máximo de veinte centros y tendrá una duración de cinco años, renovables hasta diez.

Los centros serán seleccionados por una Comisión Interministerial integrada por catorce ministerios que evaluarán y aprobarán esa 'concesión', tras acuerdo del Consejo de Ministros.

Las líneas de investigación tendrán más flexibilidad para contratar personal y ofrecer condiciones retributivas competitivas; para agilizar la compra de equipos, suministros y servicios; para simplificar determinados trámites de justificación y contratación; o para transferir resultados a terceros y constituir sociedades mercantiles conforme al derecho privado.

El decreto-ley incorpora medidas para el conjunto del sistema público de I+D+I, y entre ellas simplifica la firma y renovación de convenios, regula las estructuras mixtas de investigación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y permite que los ayuntamientos puedan establecer bancos de pruebas para el desarrollo y ejecución de proyectos innovadores o tecnológicos.

El texto refuerza los incentivos a la innovación tecnológica y al empleo investigador en las empresas, al elevar del 12 al 15 por ciento la deducción fiscal por innovación tecnológica en algunos supuestos; y aumenta de uno a tres millones de euros el límite anual de monetización directa de estas deducciones para empresas que todavía no obtengan beneficios pero cuenten con actividad en innovación tecnológica certificada.

Asimismo, aumenta de tres a cinco años las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal con contrato indefinido dedicado en exclusiva a actividades de I+D o innovación tecnológica, y en el caso de los contratos predoctorales, se eleva de 115 a 200 euros al mes la bonificación durante todo el tiempo que desarrollen su doctorado en la empresa.

La ministra ha subrayado que la soberanía tecnológica "también se construye desde la ciencia pública", y ha asegurado que durante los últimos años el Gobierno ha situado la ciencia "en el corazón de sus políticas y de la transformación social".

Esta apuesta, según Morant, ha permitido al país afrontar en mejores condiciones el actual escenario internacional, marcado por la intensa competencia que existe por el liderazgo científico y tecnológico a nivel global. EFE

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