La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad, con medidas cautelares, del filántropo estadounidense James Cox “Fergie” Chambers Jr., reclamado por Estados Unidos para su extradición.
La decisión llega después de que las autoridades norteamericanas reconocieran errores “sustanciales e involuntarios” en la traducción de documentos clave para sustentar la petición, entre ellos la declaración jurada de una agente del FBI.
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La sección segunda de la Sala, que había aplazado su resolución sobre la extradición, ha dictado este viernes un auto en el que atiende la petición formulada por la defensa de Chambers, liderada por el exjuez Baltasar Garzón. El tribunal impone como medidas cautelares la comparecencia semanal ante el juzgado más próximo a su domicilio, la entrega del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la designación de un domicilio, además de la obligación de presentarse ante la Audiencia Nacional cuantas veces sea requerido.

Una información remitida después de la vista destapó los “errores”
Después de la vista de extradición, celebrada la semana pasada, las autoridades estadounidenses remitieron a la Audiencia Nacional información complementaria en la que admiten errores en la traducción al español de la declaración jurada de una agente del FBI, documento elaborado por una empresa privada contratada para ese fin.
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Según el auto, este hito procesal “puede tener una posible relevancia en orden al resultado final del proceso de extradición y que no puede ser descartada sin más”. Pone en cuestión, al menos de momento, la fidelidad de la traducción aportada por Estados Unidos, “con la consiguiente disminución, al menos temporal, de la solidez o fundamento de la solicitud de extradición”, y anticipa una probable dilación en la resolución final, derivada de “la presencia de errores en la traducción de la documentación extradicional expresamente reconocidos por el estado reclamante y cuya relevancia puede ser necesario analizar”.
Con ese argumento, la Sala acuerda modificar la situación personal del reclamado, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, a la espera del resultado de las comprobaciones que el tribunal pueda reclamar sobre la traducción y del informe que al respecto emita la Fiscalía.
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El Departamento de Justicia detalla tres errores de traducción
El Departamento de Justicia remitió un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que atribuye los fallos a la empresa privada contratada por la Oficina de Asuntos Internacionales para traducir los documentos. Según el escrito, la empresa realizó “una revisión exhaustiva de su trabajo” y concluyó que las discrepancias fueron “involuntarias” y constituyeron “un caso aislado”, sin que el texto original remitido a las autoridades españolas haya cambiado.
El primer error consiste en haber traducido “acción directa” como “violencia”, palabra que no figuraba en el texto original, pese a que esa expresión “se tradujo correctamente... en todas las demás ocasiones en que aparece”. El segundo está en la declaración jurada de la agente del FBI, donde trespassing se tradujo como “allanamiento de morada” en lugar de “entrada ilegal en un inmueble ajeno”. El tercero se produjo en el párrafo sobre los daños en la sede de la empresa armamentística: el original mencionaba la rotura de tragaluces y daños mecánicos, pero la versión en español añadió la frase “los tres incendios causaron daños importantes al edificio”, algo que no aparecía en el texto en inglés y que, según el documento, se debería al “uso de una herramienta de traducción específica”.
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El Departamento de Justicia insiste en que los tres casos constituyen “un error aislado de redacción que no se cometió de mala fe”.

El trasfondo del caso, acusaciones de financiar el terrorismo
Chambers, heredero de la familia propietaria de Cox Enterprises, es conocido por su activismo propalestino y por las donaciones millonarias destinadas a causas humanitarias en Gaza, así como por el pago de honorarios legales de activistas del grupo Palestine Action.
Chambers fue detenido en Ibiza el pasado julio en cumplimiento de una orden internacional de arresto y permanece en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, a la espera de que se resuelva la extradición. Estados Unidos lo acusa de promover disturbios frente a una empresa armamentística israelí y de haber financiado a grupos vinculados con Hamás a través de donaciones a organizaciones palestinas. No figura ningún cargo de terrorismo, algo que la propia defensa subraya como un punto a su favor, ya que considera que si existieran pruebas sólidas de financiación terrorista, el Gobierno estadounidense ya los habría incluido.
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Chambers reconoce haber participado en las protestas de 2023 contra la empresa armamentística israelí Elbit Systems, en instalaciones de Massachusetts y New Hampshire: se encadenó a una puerta, marchó por la calle, se plantó en una carretera y habló con medios de comunicación. Pagó la fianza de cuatro manifestantes que luego fueron condenados por delitos menores y cumplieron 30 días de cárcel. Niega haber causado daños materiales o provocado incendios.
En cuanto a la presunta financiación de grupos vinculados con Hamás, se le acusa de haber transferido 7,5 millones de dólares desde una cuenta estadounidense a Túnez, país donde residía, con ese fin. Su defensa sostiene que ese dinero se destinó a patrocinar al club de fútbol Club Africain (al pago de deudas y salarios atrasados y la reconstrucción de instalaciones y campos juveniles), no a fines terroristas.
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En la vista pública celebrada la semana pasada, Chambers negó haber financiado el terrorismo y rechazó la extradición. Su defensa sostiene que Estados Unidos habría alterado de mala fe ciertos conceptos en la traducción para elevar la gravedad de los hechos, especialmente en torno a la calificación de actos de terrorismo, y ha señalado la existencia de otros “presuntos errores” en la documentación.
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