Madrid, 16 nov (EFE).- PP, Vox, PSOE y Frente Amplio han hecho de la crisis de la vivienda uno de los ejes de las elecciones del 29 de noviembre, aunque con propuestas distintas que transitan por dos vías: más construcción y menos impuestos en la del PP y Vox y ampliar la intervención pública y regular el mercado en la del PSOE y Frente Amplio.
En el bloque de la izquierda, los socialistas y la coalición de Ada Colau rivalizan por la vivienda con dos modelos diferentes, ya que los primeros priorizan la inversión y la construcción pública, mientras que la coalición defiende medidas más agresivas de presión fiscal y expropiación sobre la gran propiedad.
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La diferencia dentro del bloque de la derecha radica en que el PP pone el foco en la construcción, los avales y las rebajas fiscales, y Vox añade la condición de la nacionalidad para el acceso a la vivienda protegida y las ayudas.
El PP propone construir un millón de viviendas en cuatro años mediante una nueva ley del suelo, la movilización de suelo público y privado y la agilización de los trámites urbanísticos.
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El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea resolver las licencias de obra nueva y rehabilitación en un máximo de tres meses mediante silencio administrativo positivo.
Para facilitar la compra, los populares prevén avales públicos que cubran hasta el 95 o el 100 % de la financiación de la primera vivienda y reducen el IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) al 4 % para los jóvenes que compren su primera residencia.
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También proponen derogar la ley de vivienda, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de precios del alquiler y recuperar viviendas ocupadas en 48 horas.
Vox también apuesta por reformar la ley del suelo, liberalizar suelo y aumentar la inversión en vivienda protegida.
Su propuesta más destacada es eliminar la fiscalidad de la compra de la primera vivienda habitual: IVA del 0 % para la obra nueva y bonificación del 100 % del ITP para la vivienda de segunda mano.
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La formación de Santiago Abascal también plantea derogar la ley de vivienda estatal y liberalizar el mercado del alquiler.
Además, defiende la reserva prioritaria para españoles de las viviendas protegidas y sociales y las ayudas al alquiler, bajo el principio de "prioridad nacional" y propone desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente en menos de 24 horas.
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El PSOE se compromete a movilizar cada año el 1 % del PIB para garantizar el acceso a la vivienda, con recursos de las administraciones públicas y del Instituto de Crédito Oficial ICO).
Su programa prevé crear un parque estatal de 100.000 viviendas a través de Casa 47, destinadas a venta o alquiler asequible; proteger de forma permanente las viviendas financiadas con dinero público y crear un impuesto contra la especulación inmobiliaria.
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En alquiler, los socialistas de Pedro Sánchez plantean ampliar la duración de los contratos, reforzar la estabilidad del inquilino y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en mercados tensionados.
También mantienen las prórrogas extraordinarias y la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y garantizan los préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros para la compra de la primera vivienda mediante el programa Tu Casa.
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Frente Amplio, liderado por Ada Colau, propone un impuesto del 10 % sobre el valor de las viviendas acumuladas; una medida que afectaría a empresas desde su primer inmueble y a personas físicas a partir del cuarto, cuando el valor conjunto supere los 800.000 euros, con excepciones para el alquiler asequible.
La coalición plantea además una ley para expropiar progresivamente viviendas a grandes propietarios corporativos, comenzando por quienes poseen más de 1.000 inmuebles, con el objetivo de crear un parque público de 1,5 millones de pisos.
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En alquiler, propone limitar las rentas en zonas tensionadas al 25 % de la renta neta media del barrio o al índice oficial de referencia, si este es inferior.EFE
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