Madrid, 17 sep (EFE).- La solución en torno a los alrededor de 3.000 niños migrantes que permanecen solos en la ciudad de Ceuta es objeto de una escalada de confrontación entre el Gobierno central, que asegura que la solución está en la manos de Ceuta, y el Gobierno autonómico, que lo niega y exige hacer su parte al Ejecutivo.
El Gobierno central aboga por trasladar a los niños a otras comunidades para aliviar el sistema de protección de Ceuta y continuar en otras comunidades con sus expedientes pero la posición del PP es oponerse a estos traslados e insistir en la repatriación a Marruecos de los chicos y chicas.
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El Ministerio de Juventud e Infancia asegura que hace más de un mes abrió la posibilidad de trasladar a 500 niñas a la península mediante un acuerdo con las entidades sociales y que solo corresponde a Ceuta llevarla a cabo, pues esta vía no necesita de la aprobación del resto de comunidades.
También sostiene que existen otras vías, como los acuerdos con las propias comunidades -Navarra ha acogido a cinco niñas con esta fórmula- pero para ello sí es necesaria la colaboración de las comunidades del PP.
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En esta línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha denunciado la falta de colaboración de las autonomías del PP y ha señalado que hay dos tipos de personas: "Los que se ponen a remar y ayudar más allá de lo que les corresponda y quienes solo buscan poner palos en las rueda".
A esta misma tesis pareció referirse ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando, preguntado en los pasillos del Congreso por qué aún quedan en las calles de Ceuta entre 700 y 1.000 menores sin tutelar, pidió remitir esa pregunta al presidente de Ceuta, Jesús Vivas.
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Unas palabras que no han sentado nada bien al jefe del Ejecutivo ceutí, Jesús Vivas, que ha calificado este jueves la respuesta de Sánchez de "una salida de tono" y ha recordado que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o menores, corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno.
Vivas ha pedido además al Ejecutivo que deje de centrarse en atacarle y ponga "todas sus capacidades, sus energías, incluidas las políticas", en tratar de solucionar la crisis que padece la ciudad autónoma.
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Además, fuentes del Ejecutivo ceutí han negado este jueves a EFE que hayan recibido una "propuesta" del Gobierno central para trasladar 500 niñas a la península.
Desde el Gobierno de la ciudad han precisado que este recibió un correo de la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia que no "contenía ninguna propuesta formal" dirigida al Gobierno de Ceuta, sino que informaba del ofrecimiento de la Fundación EN-GLOBA para poner en marcha una Unidad de Traslados a la península para facilitar la acogida en centros de la entidad.
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Mientras tanto, el resto de comunidades gobernadas por el PP siguen enrocadas en su oposición frontal al traslado de estos chicos y chicas a sus territorios y también echan la culpa de la situación al Ejecutivo central.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recordado que el Gobierno tiene la capacidad legal para trasladar a los menores desde Ceuta a la península.
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Y sobre su acuerdo de Gobierno con Vox, ha dicho que este se refiere a que Andalucía no asuma la acogida "voluntariamente" de más menores pero ha aclarado que la comunidad cumple la ley, en referencia al mecanismo obligatorio de reubicación de estos niños puesto en marcha por el Gobierno en 2025.
Otra muestra de la posición del PP la ha dejado hoy Castilla y León, donde Vox tiene las competencias en Infancia, que ha comunicado que explorará "al máximo" la vía de alcanzar acuerdos con países extranjeros para agilizar la repatriación de los 164 menores que tutela y ha remarcado que se opone a "cualquier reparto".
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También el Gobierno de Murcia ha acordado recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado en verano para, en la práctica, prorrogar el sistema de acogida obligatoria de los niños llegados a zonas tensionadas entre todas las comunidades, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, que hizo lo mismo ayer.
Actitud, la de estas comunidades del PP, que ha sido censurada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (PSC), que ha asegurado que su comunidad seguirá cumpliendo la ley y actuará con lealtad institucional mientras que ha pedido lo mismo para estas autonomías. EFE
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