Madrid, 30 jul (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado en el año 2025, según el informe anual publicado este jueves, 487.000 millones de euros de recursos públicos, entre ellos la partida correspondiente al Plan de Recuperación, y ha recuperado 11,2 millones.
Con el objetivo de contribuir a una gestión de los recursos públicos "más eficaz, eficiente, íntegra y orientada al interés general", el órgano fiscalizador se ha centrado en ámbitos de especial impacto para la ciudadanía, como las grandes políticas públicas, la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el seguimiento de las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores.
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Durante el ejercicio 2025 ha llevado a cabo 59 actuaciones de fiscalización y ha analizado a más de 13.850 entidades.
Una de las cuestiones que recoge el informe se refiere al ingreso mínimo vital, señalando que el 40 % de la población potencialmente destinataria de este ingreso recibió la prestación, si bien casi la mitad de las solicitudes se resolvieron fuera de plazo.
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También apreciaron retrasos en la vivienda pública, escasa disponibilidad de vivienda asequible y "pocas actuaciones" a nivel municipal en esta materia.
Respecto de los procesos electorales, anota algunas deficiencias por lo que recomienda a los partidos reforzar la trazabilidad el gasto y señala como incidencias recurrentes algunos excesos de facturación en sobres y papeletas, variabilidad de precios entre las distintas formaciones políticas y discrepancias entre envíos declarados y realizados.
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En total, durante el año pasado, el órgano fiscalizador abrió 30 procedimientos y se produjeron 26 sanciones por valor de 1.400.000 euros.
Más allá de los resultados específicos de cada fiscalización concreta, el Tribunal de Cuentas ha concluido que las "principales debilidades" obedecen a factores estructurales que afectan al diseño, la ejecución y el control de las políticas públicas, condicionando "de manera directa" su eficacia y sus resultados.
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Uno de los problemas más recurrentes que han identificado en la gestión de los fondos públicos es la "insuficiencia" en la planificación de las políticas públicas y una "débil orientación a los resultados".
También han detectado, entre otras insuficiencias, incumplimientos de plazos y el uso "inadecuado" de determinados procedimientos, especialmente en contratación y subvenciones o una rendición de cuentas desigual.
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Aunque existen estructuras formales de coordinación, el Tribunal de Cuentas apunta a que existe una gobernanza "fragmentada" y una coordinación limitada en los organismos analizados.
Igualmente, llama la atención sobre la "obsolescencia tecnológica" y en que los sistemas de información son insuficientes y hay falta de datos fiables.
De la misma manera, aprecia deficiencias en la ejecución de contratos y en la gestión de subvenciones. EFE
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