Madrid, 30 jul (EFE).- Los servicios de asesoramiento notarial y la emisión de notas registrales para localizar el patrimonio serán gratuitas para los afectados por los incendios, de acuerdo al real decreto ley de medidas de protección laboral y social frente a los incendios publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El decreto especifica que los notarios prestarán asesoramiento gratuito a los afectados para localizar y recuperar la documentación destruida, facilitar las pruebas documentales y solucionar los problemas que pudieran surgir, mientras que el Colegio de Registradores emitirá gratuitamente las notas de localización de patrimonio inmobiliario y otros bienes o derechos cuando se haya perdido la documentación.
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Además, quedarán interrumpidos los plazos de los procedimientos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San lorenzo de El Escorial y Nules del 27 al 31 de julio ante la dificultad para el normal desarrollo de la actividad judicial.
El decreto crea una prestación extraordinaria por emergencia extrema, con naturaleza de prestación contributiva por desempleo, para los trabajadores o socios de cooperativas afectados por incendios forestales que supongan medidas de protección civil que afecten a la población desde el 22 de julio hasta el fin de la campaña de riesgo alto de incendios.
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Podrán acogerse a ella los trabajadores que no puedan acceder a su domicilio para recuperar los bienes que necesitan para su empleo y no puedan teletrabajar; quienes tengan que realizar labores de limpieza, acondicionamiento o recuperación de enseres de su domicilio o realizar trámites presenciales; y quienes tengan que atender a deberes de cuidado de familiares.
Para acceder a la prestación, el trabajador deberá solicitar, con la documentación acreditativa correspondiente, la suspensión de contrato a su empresa y, una vez que esta remita el certificado de empresa al SEPE, podrá solicitar la prestación.
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Los trabajadores serán entonces considerados en situación de desempleo y percibirán una prestación equivalente al 70 % de su base reguladora, calculada como promedio de su base de los 180 días cotizados anteriores, durante un periodo máximo de cuatro meses.
La prestación será incompatible con cualquier contrato por cuenta propia o ajena, no requiere un periodo mínimo de cotización y no consume las cotizaciones previas a efectos del cobro de la prestación de desempleo.
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Mientras se percibe esta prestación, el SEPE ingresará a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes al trabajador, cuya situación se considerará asimilada al alta, y no existirá obligación de cotizar por parte de la empresa.
Además, se amplía el permiso por fallecimiento relacionado con la catástrofe, desde el día de la muerte hasta los cinco días hábiles siguientes al sepelio.
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El decreto también establece la posibilidad de que los autónomos que cesen total o parcialmente su actividad como consecuencia de las medidas relacionadas con los incendios puedan solicitar el cese de actividad sin necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización ni la existencia de fuerza mayor.
La prestación, que no computará a efectos de periodo máximo de percepción, será reconocida por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, se podrá cobrar durante cuatro meses y será inembargable.
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Además, las empresas con domicilio en los municipios afectados que vean impedido o limitada su actividad y a las que se les haya autorizado un ERTE por ello podrán solicitar exenciones de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores que vean su actividad suspendida.
Por lo que respecta a los empleados públicos, aquellos que no puedan acudir a su domicilio o tengan realizar trámites presenciales como consecuencia de los incendios podrán aplicar suspensiones de contrato o reducciones de jornada por fuerza mayor, así como adaptar su jornada si fuera necesario. EFE
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