Madrid, 30 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado paralizar las investigaciones fiscales que Hacienda ha abierto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, María Sonsoles Espinosa, y sus hijas, así como al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal" de una trama de influencias.
La Agencia Tributaria abrió inspecciones a varios de los investigados en Plus Ultra, tras ser imputados por el juez, y después pidió al magistrado paralizarlas para interrumpir de esta forma los plazos de prescripción a la hora de determinar una deuda tributaria, puesto que entendía que existía una "prejudicialidad penal".
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En concreto, Hacienda investiga en el pago por parte de varios investigados de los impuestos de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio a varios de los investigados en el caso Plus Ultra, en el período de 2021 a 2024, y en el caso de Zapatero y su esposa, quien no está imputada, también inspeccionaba lo abonado por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024.
El juez Calama ha rechazado paralizar estas inspecciones, compartiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que dicha medida es excepcional y que en este momento en la causa de Plus Ultra no se investigan hechos susceptibles de constituir delitos contra la Hacienda Pública.
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Según el magistrado, no hay identidad entre los hechos investigados, aunque coincidan las personas físicas y jurídicas afectadas, y por tanto no se dan las condiciones para una cuestión prejudicial penal.
La única excepción, según Calama, es la pieza separada abierta a Zapatero por las joyas halladas en su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, que sí podrían tener relevancia fiscal, pero cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción "y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras".
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El juez Calama alude a que la jurisprudencia fija que la inspección y las liquidaciones fiscales se deben mantener incluso cuando los conceptos comprobados se encuentren vinculados a un posible delito fiscal, y "solo una indefensión real y efectiva, nunca meramente potencial, permitiría cuestionar la coexistencia de ambas vías".
Este magistrado rechaza asimismo que haber aportado documentación preexistente a la Agencia Tributaria implique autoincriminación alguna, porque no supone generar información nueva ni actos de colaboración activa con la investigación penal.
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La defensa de Zapatero pidió precisamente suspender la inspección abierta por Hacienda, que tildó de caprichosa y unilateral, al entender, entre otros argumentos, que colaborar con la Agencia Tributaria coloca al expresidente en una "alternativa constitucionalmente diabólica," porque "puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia".
En todo caso, el juez pide a la Agencia Tributaria que si en su investigación halla indicios de posible delito fiscal deberá ponerlo en conocimiento del juzgado "a los efectos valorativos oportunos".
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De esta forma, la investigación de Hacienda seguirá de forma paralela al procedimiento que Calama tiene abierto contra Zapatero, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez, tras apreciar indicios de que formaban parte de una red que intermediaba ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra. EFE
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