El policía investigado por el crimen del doctor Piorno en Roquetas de Mar (Almería) pedirá su libertad el 26 de agosto

La defensa del agente de Policía Nacional investigado por el homicidio del médico Rafael Piorno Fermoselle, ocurrido en agosto de 2024 en su vivienda de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), solicitará su puesta en libertad provisional el próximo 26 de agosto, durante una comparecencia judicial en la que se revisará su situación personal tras cerca de dos años en prisión.

La titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar ha fijado para ese día, a las 11,00 horas, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto del agente, quien intervendrá mediante videoconferencia desde el centro penitenciario Sevilla 2, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El policía permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde septiembre de 2024 junto a O.F.S., investigado como presunto autor material de la muerte del facultativo.

La investigación sostiene que ambos acudieron el 23 de agosto de 2024 a la vivienda, que el doctor tenía a la venta, conforme a un plan previo para cometer un robo. El cadáver de Piorno fue localizado dos días después en el inmueble, maniatado y con varias heridas punzantes.

La letrada Elisabeth Guerrero pedirá la excarcelación con las medidas cautelares que el órgano judicial considere oportunas, entre ellas la firma periódica, la imposición de una pulsera telemática o el pago de una fianza.

La defensa basará su petición en el tiempo transcurrido desde el ingreso en prisión y en la paralización que, según mantiene, ha sufrido la causa a la espera del análisis de dos teléfonos móviles.

Los terminales fueron intervenidos en septiembre de 2024, el primer volcado se autorizó el 11 de octubre de ese año y, después de un intento fallido, se dictó una segunda autorización el 18 de febrero de 2025. El informe definitivo se incorporó al procedimiento el 27 de abril de 2026.

IMPUGNACIÓN DEL INFORME TELEFÓNICO

La defensa del policía ha impugnado formalmente el informe técnico sobre el teléfono atribuido a O.F.S. y ha solicitado la nulidad de la ejecución y de la documentación del volcado, así como la exclusión o la ineficacia probatoria de sus conclusiones incriminatorias.

El informe de la Guardia Civil recoge 14 comunicaciones entre el terminal de O.F.S. y un número atribuido al policía entre los días 22 y 24 de agosto de 2024. No obstante, indica que se trataba de llamadas, videollamadas y "mensajes cifrados" y que "no se ha recuperado ningún archivo de texto".

Pese a la ausencia de texto, audio o transcripción, los investigadores concluyeron que el policía habría indicado al investigado que vigilara la vivienda del médico y se presentara como posible comprador, y que ambos habrían acordado posteriormente el regreso de O.F.S. a León.

El escrito también sostiene que el informe no incorpora de forma suficiente el acta técnica de extracción, las herramientas forenses y sus versiones, el método de adquisición, los valores 'hash' --códigos criptográficos que permiten comprobar la integridad de los datos y detectar posibles alteraciones--, los registros de auditoría, las fechas exactas de las operaciones ni la cadena completa de custodia digital.

La defensa cuestiona, asimismo, los traslados de los terminales y sus soportes entre dependencias de Almería, Sevilla y Madrid, al señalar que no consta de forma completa dónde permanecieron, quién tuvo acceso a ellos, en qué condiciones se conservaron o qué precintos fueron abiertos y repuestos durante el periodo de análisis.

Respecto del teléfono atribuido al policía, el Instituto Armado señaló que no había elaborado un informe técnico porque la información recuperada comenzaba el 26 de agosto de 2024 y no contenía elementos relacionados con los hechos. La defensa reclama la incorporación íntegra de esa extracción al considerar que la ausencia de datos incriminatorios puede constituir información favorable para su representado.

En caso de que el juzgado no excluya el informe, la letrada ha solicitado que la Guardia Civil aporte el expediente técnico completo, las copias forenses, los valores 'hash', los registros de auditoría y la cadena de custodia, además de identificar a los agentes y técnicos que participaron en la extracción y permitir el acceso de un perito informático de parte.