El Gobierno ultima la aprobación del proyecto de ley orgánica de integridad pública

Madrid, 27 jul (EFE).- El Gobierno está ultimando la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de ley orgánica de integridad pública, que incluirá una serie de medidas contra la corrupción en la contratación pública.

La previsión inicial, según fuentes del Ejecutivo, es que esta iniciativa sea aprobada este martes por el Consejo de Ministros tras el que comparecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del curso político y analizar la situación ante la última fase de la legislatura.

El anteproyecto de la ley de integridad pública ya fue tramitado por el Consejo el pasado 17 de febrero, por lo que llegará en segunda vuelta a la mesa del Ejecutivo para enviarlo ya al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso del pasado 24 de junio con motivo de los casos judiciales que afectan al PSOE, Sánchez avanzó que ese proyecto de ley sería enviado a la cámara antes del verano.

La iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno hace un año, cuando compareció también ante el pleno del Congreso para abordar el caso Koldo tras la entrada en prisión provisional del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

A la espera de concretar las modificaciones sobre el texto tramitado por el Consejo de Ministros el pasado febrero, estaba previsto que esta ley modificara un total de 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, para luchar contra la corrupción en la contratación pública, con nuevas exigencias y sanciones a empresas, administraciones y partidos políticos.

Al presentar el anteproyecto, la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dijo que se trataba de una ley muy ambiciosa que preveía, entre tras medidas, hacer público y accesible el registro de empresas con prohibición de contratar con la administración.

También incrementaba de 15 a 20 años el plazo en el que las empresas condenadas por corrupción puedan contratar con la administración o percibir subvenciones o beneficios fiscales.

Asimismo estaba previsto que las donaciones a los partidos políticos deban ser notificadas a partir de 2.500 euros, en vez de los actuales 25.000, y de forma mensual; y los partidos tendrán que someter sus cuentas a auditorías externas, endureciendo el régimen sancionador si no lo cumplen.

Entre otras medidas, el texto ampliaba igualmente la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años, y creaba, a instancias de Sumar, una agencia independiente de integridad pública. EFE