
Al menos uno de los trabajadores vinculados con la denuncia que archivó Movimiento Sumar contra la excoordinadora Lara Hernández ha decidido acudir a la Inspección de Trabajo para que ese órgano indague si sufrió maltrato laboral por su parte.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el pasado 3 de junio se cursó una petición solicitando la intervención de este organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, instando a la apertura de diligencias para que esclareciera si el trato que recibió por parte de Hernández puede sustanciarse como acoso laboral.
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La denuncia interpuesta se cita al grupo parlamentaria en el Congreso, dado que lo pertinente es relacionar la entidad jurídica con la que se tiene relación laboral y donde tuvieron lugar los supuestos hechos. En este caso, la persona que demanda la intervención de la Inspección era asesora del grupo.
Fuentes conocedoras del proceso explican a Europa Press que ya hay diligencias abiertas y un representante de la Inspección ha tomado testimonio al denunciante, que ya no forma parte de Sumar. Desgranan también que a esta denuncia pueden sumarse más trabajadores aunque sean conscientes de que este tipo de comportamientos son complejos de demostrar.
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LARA HERNÁNDEZ: "TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA"
Por su parte, la excoordinadora general de Sumar ha señalado a Europa Press que no se le ha notificado la apertura de ningún expediente abierto por la Inspección de Trabajo, aunque en cualquier caso se muestra dispuesta a colaborar porque estará "encantada de defenderse y de demostrar su inocencia y honorablidad allá donde sea". Es más, ha reiterado que tiene la "conciencia tranquila".
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El pasado miércoles Lara Hernández anunció que abandonaba Movimiento Sumar tras el archivo de la investigación abierta por el protocolo antiacoso de la formación sobre supuesto trato vejatorio a un grupo de empleados.
Durante esa comparecencia pública recalcó que la denuncia fue interpuesta por seis cargos políticos y que se cerró el 28 de domingo al desistir de proseguir con el proceso los empleados aludidos en ese escrito. Por tanto, proclamó su inocencia, denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio brutal" y criticó que se había vertido "calumnias" que se han demostrado "falsas".
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Por su parte, otras fuentes indican que la comisión antiacoso del partido informó a los empleados citados en el proceso del archivo de la investigación, indicando que el expediente finalizaba por aspectos de carácter procedimental y que no se pronunciaba sobre el fondo del asunto.
NO HABÍA SUFICIENTES GARANTÍAS EN EL PROCESO
A su vez, se remitió un escrito por parte de algunos de estos trabajadores en el que advertían que la citada comisión interna de Movimiento Sumar "no presta las garantías suficientes" y que, por esa razón, no daban su consentimiento para que pudieran seguir adelante.
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Es más, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, aludían que este órgano era un "espacio indolente", que no se preservaba de forma suficiente su anonimato y lamentaban que no se aceptase su petición de que Lara Hernández fuera apartada cautelarmente mientras se resolvía el expediente. En este contexto, algunos de los empleados apuntaron que su intención era acudir a la Inspección de Trabajo, vía que finalmente ha tomado uno de estos empleados.
Desde el entorno de la exdirigente de Sumar sostienen que este procedimiento tiene una finalidad política, sitúan detrás del mismo a la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero y creen que su objetivo era desacreditar a Hernández y dinamitar las opciones de consensuar una nueva dirección de consenso.
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Precisamente esta crisis, que sigue activa, tiene lugar a la víspera de la asamblea de Movimiento Sumar, en la que se ha presentado una única candidatura que carece de afines a la excoordinadora y de la que desaparecen cargos destacados del partido.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, queda como el principal referente político mientras que el partido lo comandarán a nivel orgánico la portavoz en el Congreso y la secretaria de Estado, Rosa Martínez.
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