Peinado remata la causa de Begoña Gómez enviándola a un juicio con un jurado popular

Madrid, 21 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha puesto esta semana el broche final a la investigación que inició en abril de 2024 contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, enviándola a un juicio con jurado popular de nueve ciudadanos anónimos y retirándole el pasaporte como medida cautelar.

A escasos tres meses de jubilarse, el magistrado ha enviado a un juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez por cuatro delitos (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida) y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Además, les ha impuesto, como medidas cautelares, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado su intención de recurrir esas medidas cautelares.

Con esta decisión -contraria al criterio de la Fiscalía y en sintonía con el de las acusaciones populares que encabeza Hazte Oír-, Peinado pasa la pelota a la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene varios recursos encima de la mesa.

Estos han sido los principales hitos de una investigación no exenta de polémica:

La primera investigación a la mujer de un presidente del Gobierno se remonta al 16 de abril de 2024, cuando el entonces poco conocido juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias, autodenominado "colectivo de funcionarios públicos", por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La causa llegó a acumular siete investigados, algunos de ellos fugaces (unos días estuvo imputada la secretaria general de Presidencia) y en ella el juez Peinado intentó sin éxito en más de una ocasión investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Se lo impidió (hasta cuatro veces) la Audiencia de Madrid, que también redujo el procedimiento a los tres actuales investigados.

Poco más de dos años después, el caso se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en el patrocinio del software creado para la misma, en si influyó a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y en el trabajo que presta para ella su asesora, pagada con fondos públicos.

El procedimiento cumplió su primer año con el juez en el complejo de la Moncloa, interrogando como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien después pidió sin éxito imputar al Tribunal Supremo, que no vio "indicio mínimamente fundado" contra él.

Ya había estado antes allí: el 30 de julio de 2024 fue para tomar declaración como testigo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, como "esposo de la investigada", a petición de las acusaciones populares, entre las que figura Hazte Oír, Vox o el partido Iustitia Europa.

Respecto a Bolaños, el juez vio indicios contra él y contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación en el trabajo como asesora de Begoña Gómez de Cristina Álvarez, cuyo nombramiento está suscrito a Presidencia de Gobierno.

La Audiencia de Madrid corrigió al juez y llegó a sacar de la causa a tres imputados: a Martín, al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes.

La Audiencia Provincial -superior jerárquico de Peinado- también ha enmendado en el último año dos ejes sobre los que se ha vertebrado la causa: revocó su decisión de investigar la malversación aparte y le instó a llevarlo todo en un único procedimiento y, más tarde, anuló, por falta de motivación, la resolución que transformaba la causa en procedimiento de jurado.

El juez cumplió órdenes y hace unos meses reunió todos los indicios que ve contra los imputados en un auto en el que insistía en que la causa acabase ante un jurado y que ahora mismo está impugnado, como otros, ante la Audiencia.

No obstante, no todas las resoluciones de este órgano judicial han sido desfavorables para Peinado. La Audiencia también ha avalado que Begoña Gómez y su asesora fuesen investigadas por malversación, al considerar un "primer indicio" que la primera contratase a la segunda por ser amiga suya.

Especialmente controvertidas han sido las decisiones del juez de citar a investigados en sábado o domingo o incluso en Miércoles Santo, cuando su juzgado estaba de guardia.

Decisiones que motivaron la queja de algún ciudadano ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha archivado esa y otras, pero mantiene la que presentó el ministro Bolaños contra Peinado por su interrogatorio, aunque con una propuesta de archivo.

Muy cuestionada fue también la alusión que hizo en un auto a "regímenes absolutistas" y a Fernando VII al mencionar el presunto uso de Begoña Gómez de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio, que ha repetido hasta en el auto de apertura de juicio oral.

Con estos mimbres ha transcurrido una causa en la que se han sucedido las críticas de las defensas en forma de recursos, que se han unido a otras de miembros del Gobierno y representantes públicos. Contra algunos de ellos, como los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska, el juez decidió tomar acciones judiciales por vulneración del honor.

Un día antes de enviar a Gómez a juicio, Peinado abrió una pieza separada sobre un expediente de adjudicación a Juan Carlos Barrabés que quería investigar la Fiscalía Europea, quien a su vez continúa sus pesquisas sobre otros contratos de este empresario.

La Audiencia Nacional determinó que ese expediente formaba parte de la causa de Peinado, quien ha preguntado a la Fiscalía de Madrid si hay hechos delictivos. EFE