Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

El juez Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y ha decretado severas medidas cautelares, según adelanta el auto judicial al que ha tenido acceso Infobae. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abre así paso al juicio oral aceptando las restricciones de movimientos exigidas por Hazte Oír, la organización que lidera la acusación popular unificada.

Aunque los focos mediáticos se concentran de forma inevitable en la esposa del presidente del Gobierno, el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid no lo ocupará sola. Ante el jurado popular se sentarán también otras dos figuras que la investigación considera indispensables en la presunta trama: el empresario aragonés Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa María Cristina Álvarez, quien también queda sujeta a las mismas medidas cautelares que Gómez.

Juan Carlos Barrabés, pionero del comercio electrónico

Juan Carlos Barrabés Cónsul es un conocido empresario e inversor español, nacido en el Pirineo aragonés, y considerado uno de los grandes pioneros del comercio electrónico en España tras convertir en los años 90 la tienda de montaña familiar en una de las plataformas de venta online más importantes de dicha materia.

Más allá de sus orígenes en el sector deportivo, Barrabés posee una amplísima trayectoria en el sector de la consultoría estratégica y la innovación como fundador y presidente del Grupo Barrabés, firma dedicada a asesorar a grandes compañías sobre transformación digital y la aplicación eficiente de nuevas tecnologías en sus procesos de negocio.

Pero, ¿de qué se le acusa exactamente en este procedimiento? El juez Peinado ha ordenado la apertura de juicio oral contra Juan Carlos Barrabés por dos presuntos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Según detalla el auto, la investigación aprecia indicios de un presunto “intercambio de favores” entre el empresario y Begoña Gómez. Mientras que Barrabés prestó asesoramiento estratégico y colaboración en el diseño de los contenidos de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, sus empresas resultaron beneficiadas de manera coetánea con millonarias adjudicaciones públicas.

En concreto, la resolución judicial apunta a que la unión temporal de empresas (UTE) de su grupo empresarial, Innova Next, aportó a los procesos de licitación de la entidad pública Red.es cartas de apoyo y recomendación firmadas de puño y letra por la propia Gómez en calidad de codirectora del máster.

Estos expedientes acabaron adjudicándose a su entorno por un valor superior a los 11 millones de euros, detectándose posteriormente opacidad e irregularidades que habrían favorecido de forma indebida a sus compañías. Cabe destacar que, en este mismo auto, el magistrado ha exculpado formalmente a Barrabés de los cargos de malversación y apropiación indebida al no hallar ninguna relación con dichos delitos.

María Cristina Álvarez, asesora de Moncloa

Por su parte, María Cristina Álvarez Rodríguez era la funcionaria eventual que actuaba como la persona de máxima confianza y asistente permanente de la esposa del presidente del Gobierno. Fue contratada en el Palacio de la Moncloa el 16 de julio de 2018 bajo el cargo oficial de “Directora de Programas” de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

Según recoge la investigación, su nombramiento se realizó exclusivamente por motivos de confianza y amistad personal previa, sin pasar por ningún tipo de proceso selectivo. A lo largo del periodo investigado, Álvarez Rodríguez ha percibido un total de 401.802,40 euros brutos, sufragados íntegramente con cargo a los fondos públicos.

El magistrado la envía a juicio exactamente por los mismos cuatro delitos que a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El auto judicial sostiene que Álvarez Rodríguez protagonizó una “dedicación sistemática y continuada de su jornada laboral y de los medios públicos al servicio de los intereses privados de doña María Begoña Gómez Fernández”.

Según el relato del instructor y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la asesora ejerció de intermediaria clave con las empresas patrocinadoras de la cátedra extraordinaria, tales como Google, Indra, Telefónica, Reale Seguros o Deloitte. Los indicios apuntan a que participaba en reuniones técnicas para desarrollar la plataforma en horario de trabajo y enviaba correos de seguimiento desde su cuenta institucional de Presidencia para coordinar el proyecto o, incluso, solicitar directamente la continuidad de la financiación económica.

Asimismo, participó junto a Gómez en las gestiones presenciales ante la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense para registrar el programa informático. Esta comunicación, según relata el instructor, se rompió abruptamente por las investigadas al saber que la titularidad del activo debía ser del 100% de la universidad pública, terminando el software alojado en una web y un dominio controlados de forma estrictamente privada por la esposa del presidente.