Liberadas 8 personas explotadas laboralmente en La Rioja al anular su voluntad

Logroño, 15 jun (EFE).- La Guardia Civil ha liberado en Rincón de Olivedo (La Rioja) a ocho personas, de entre 40 y 74 años, que eran explotadas laboralmente mediante un sistema basado en el miedo y la anulación de la voluntad por parte de un clan familiar, cuyos cinco miembros han sido detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; y el portavoz de la Guardia Civil en esta comunidad, Miguel Ángel Sáez, han dado a conocer este lunes, en una rueda informativa, los detalles de esta operación, denominada ‘Portus-Cale’.

Esta operación se inició a principios de 2026 al detectar la Guardia Civil indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas.

Sáez ha señalado que este grupo criminal estaba compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, de nacionalidad española y portuguesa y de entre 24 y 50 años; y operaba de forma que anulaba la autonomía de las víctimas y “se aprovechaba de su situación de necesidad para tratarlas como una ‘mercancía’ de la que obtener beneficio”.

Los responsables de la organización ingresaron 2,5 millones de euros desde 2022 por trabajos agrícolas.

Según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil, viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la ribera de Navarra contrataban los servicios de este clan y, en muchos casos, eran "plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores".

Sáez ha precisado que una bodega y uno de sus directivos son investigados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores al recurrir de forma continuada a los servicios de este grupo criminal, al que abonó 569.000 euros.

La investigación, ha proseguido, ha constatado que una de las víctimas de esta organización decidió marcharse y murió al ser atropellada en Calahorra (La Rioja) por tres vehículos el pasado 8 de febrero.

Las víctimas, sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias y que han pasado a ser testigos protegidos, “eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social”, ha subrayado.

El portavoz ha remarcado que algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban 4 euros por hora, de los que se les descontaban gastos de tabaco y alcohol; y "llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral”.

La investigación se centró en un núcleo familiar liderado por una mujer, “la jefa”, quien actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos.

Los cinco fueron detenidos en abril último como presuntos autores de los delitos como pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales. EFE

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