El exvicepresidente de la Diputación de Almería rehúsa declarar por el caso Mascarillas

Almería, 12 jun (EFE).- El exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Fernando Giménez se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye el caso Mascarillas, que investiga supuestas mordidas en la compra de material sanitario y en adjudicaciones de obras por la corporación provincial de Almería.

A pesar de que su turno de comparecencia estaba fijado en último lugar dentro del calendario de citaciones previsto para este viernes en la Ciudad de la Justicia de Almería, Giménez ha llegado a la sede judicial a primera hora de la mañana y ha rechazado hacer valoraciones sobre el procedimiento, limitándose a expresar su tranquilidad, acompañado por su abogado defensor, José Luis Labraca.

Junto a Giménez, la jornada ha estado marcada por las comparecencias de otros cuatro investigados, citados por su vinculación como socios o administradores temporales de OYC Servicios Urbanos, una de las mercantiles sobre las que se asienta la presunta trama de amaños y comisiones ilícitas.

Según han apuntado a EFE fuentes judiciales, estos cuatro empresarios han seguido la misma estrategia procesal y han optado por responder única y exclusivamente a las preguntas formuladas por su defensa, ejercida por un mismo letrado para todos.

Todos ellos, afincados en la comarca del Almanzora y con estrechos vínculos personales, de amistad o familiares con el exalcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, y su hijo, Rodrigo S. L., han defendido la legalidad de sus actuaciones.

Han asegurado ante el juez que su entrada en la sociedad OYC respondía a una operación mercantil lícita orientada a ganar dinero, que desembolsaron sus propios fondos para la adquisición de acciones o la constitución de la firma y que ejercieron sus cargos directivos de manera real y efectiva.

Los cuatro comparecientes han negado tajantemente haber actuado como testaferros, "hombres pantalla" o haber servido de "velo" para ocultar que la titularidad y la dirección de la empresa recaían presuntamente sobre la familia del exregidor municipal.

Las fuentes han señalado que, pese a reivindicar que gobernaban la sociedad, ninguno de ellos ha aportado datos sobre qué proyectos concretos u obras ejecutó OYC durante los reiterados y cortos periodos temporales en los que figuraron al frente de la misma.

A la salida de la sesión, uno de los abogados de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, ha subrayado que esta jornada se centraba en la parte "más societaria de la causa", tratando de esclarecer la continua rotación de cargos dentro de una sociedad en la que, según ha valorado, "parece que nadie sabía ni qué construía, ni qué hacía, ni a qué se dedicaba".

Otro de los letrados de la acusación particular, José María Terrés, ha destacado la enorme complejidad de perseguir estas operativas y ha explicado que en los delitos económicos "no hay una pistola humeante" ni se sorprende a los culpables in fraganti, sino que los investigadores se enfrentan a un "entramado enorme de empresas" cuyo presunto objetivo es el manejo y desvío de los fondos públicos. EFE

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