Siete ex monjas de Belorado serán juzgadas por "trato denigrante, coacciones y abandono" a 5 religiosas mayores

Siete ex monjas de Belorado serán juzgadas después que la juez de Bilbao que lleva el caso haya dado por concluida su instrucción y considere que, indiciariamente, han cometido contra cinco religiosas mayores delitos de coacciones, trato denigrante, abandono, omisión de socorro, y contra el patrimonio, como administración desleal y apropiación indebida.

La magistrada ha dado traslado a la Fiscalía y acusaciones para que en diez días formulen su escrito acusatorio o de sobreseimiento. Además, ha acordado el sobreseimiento de actuaciones respecto a una octava ex monja al no apreciar índicios de su participación en los supuestos delitos.

El auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao recuerda que el 13 de mayo de 2024 se publicó el "Manifiesto Católico" en el que la abadesa, en representación del resto de las investigadas, expresa su voluntad de abandonar la iglesia católica, "no reconociendo la autoridad del Papa como usurpador de la Santa Sede, lo que da lugar a que se produzca el Cisma y sean excomulgadas".

Otras miembros de la Comunidad, como dos testigos protegidas, después abandonaron el Monasterio porque las investigadas les sometían a "humillaciones, castigos, vejaciones y anuncios de represalias si no estaban con ellas", aunque no lo denunciaron.

La resolución judicial señala que esta decisión no fue adoptada por las monjas mayores, a las que no se informó del Cisma, "debido al estado de deterioro". La más mayor, de 101 años, aunque en principio aceptó "por obediencia y el bien de la comunidad", presentaba deterioro cognitivo leve, mientras otra de 89 años sufría deterioro cognitivo moderado. Una tercera hermana, también de 87 años, no presentaba marcado deterioro, pero sí afectación del lenguaje secundario a un ictus. Otra de 94 años tenía deterioro cognitivo severo; y la quinta monja de 89 años también padecía deterioro cognitivo severo.

En el curso de unas investigaciones de un Juzgado de Briviesca, se acordó la entrada y registro en el Monasterio de Orduña, al que a finales de julio de 2025 se habían trasladado las investigadas llevándose a las hermanas mayores.

Este juzgado acordó que las monjas que no se habían adherido al Cisma fueran sacadas del Monasterio de Orduña, pero la Guardia Civil no pudo hacerlo por "las trabas y oposición" de las investigadas.

El 18 de diciembre de 2025 se ordenó la entrada en el Monasterio de Orduña para sacar a las mayores y ser examinadas por dos médicos forenses, que determinaron su ingreso en el Hospital de Basurto.

En el acta, se hace constar que las mayores "no estaban siendo atendidas adecuadamente".

En la celda de una de ellas había dos perros sobre la cama, uno sobre la almohada, y había restos de excrementos y orines. Otra religiosa estaba sentada en el inodoro sola sin atención, y otra estaba encamada "presentando estado general deteriorado". Esta última ingresó en el Hospital de Basurto con diagnóstico grave por insuficiencia e infección respiratoria. Tras ser dada de alta, falleció el 9 de enero de 2026.

El informe forense hace mención de "la falta de higiene" extendida por todo el Monasterio. "Las condiciones higiénico-sanitarias en las diferentes estancias visitadas presentan suciedad acumulada, restos de alimentos, alguno en mal estado, el baño con fuerte olor a orina, cocina con utensilios apilados, suciedad generalizada, perros y gatos sueltos, y aves en el patio central, en algunas estancias restos de heces acumuladas", apuntó.

También se observó "la cocina sucia y comida en estado de conservación dudoso". La monja enferma alegó que le había faltado asistencia médica, a lo que la abadesa respondió que había recibido asistencia on-line por un doctor y alguna otra en un primer momento de manera presencial.

Cuando las hermanas mayores se encontraban en Belorado, la asistencia médica la prestaban médicos del Sacyl. Una doctora señaló que esta asistencia fue limitándose poco a poco, lo que dificultaba la valoración médica de las monjas, "impidiéndosele el acceso a las monjas mayores".

Además, explicó que la exreligiosa encargada de la farmacia, "al parecer, cambiaba a su criterio algún medicamente prescrito al no considerarlo idóneo", con la intervención de la abadesa.

"Esta falta de asistencia, que se inicia en Belorado, queda patente cuando tiene lugar el traslado al Monasterio de Orduña a finales de julio de 2025, sin que desde esa fecha hasta el 18 de diciembre de 2025 las monjas mayores recibieran asistencia médica pese a las diversas patologías y estado que presentaban", especifica el auto.

Al salir de Basurto, una de las hermanas dijo a una testigo que "las comidas eran escasas, que la tenían sentada todo el día y no les dejaban echar la siesta, y que le cambiaban el pañal una vez al día". También explicó que "la higiene era escasa", tenía "costras en la cabeza costando arrancárselas, las uñas estaban largas, y permanecían todo el día en una sala sin salir". Además, relató que, "por tropezar con los animales, se caía al suelo y no la recogían, y la tenían con cuerdas para no caerse".

Esta misma testigo explicó que otra monja mayor dijo que tenía "miedo" a las investigadas y el día 21 de diciembre de 2025 aseguró: "hoy todavía no me han pegado". Otra hermana aseguró que le habían golpeado en tres ocasiones.

"TRATO HUMILLANTE"

El auto subraya que, "de todo ello, se deriva un incumplimiento del deber de cuidado" de las investigadas, hacia las mayores, que se encontraban bajo su custodia, y estaban "en situación de dependencia y vulnerabilidad". De ello se infiere que se dispensaba "un trato humillante menoscabando su dignidad".

También subraya el "manejo, control e influencia que ejercían sobre ellas, que se aprovechaban de su deterioro cognitivo para que aceptaran lo que decían por temor y miedo a las consecuencias de lo que les podía pasar si se iban". Ante ello, dice que hubo "aceptación o consentimiento viciado por la merma de facultades".

La jueza instructora cree que las razones para oponerse a que las mayores salieran podría ser la de evitar el desalojo del monasterio, ya que no se haría en presencia de personas vulnerables.

RAZONES ECONÓMICAS

También estima que podría haber "razones crematísticas", ya que tras el Cisma, se bloquearon las cuentas del Monasterio, para pasar a ser gestionadas por el Comisario Pontificio, así como por "necesidades económicas" derivadas "del bajo rendimiento económico en los negocios que regentaban, sin poder hacer frente a los préstamos que habían solicitado".

Para salir de esta situación, la magistrada señala que la abadesa, con otras investigadas, planearon en noviembre de 2024 la apertura de cuentas compartidas con las monjas mayores con la finalidad de recuperar las pensiones de estas. "De esta forma, podrían hacer frente a los gastos de sus negocios y actividades lucrativas gestionando, administrando y disponiendo de los ingresos periódicos que las hermanas mayores recibían en concepto de pensiones y ayudas", añade.

En ejecución del plan, se abrieron en una entidad bancaria online cuentas de las mayores, y las investigadas "abusaban de su administración y realizaban innumerables transferencias".

"Las cuentas de las monjas mayores han sido usadas por las investigadas en su propio beneficio y para la gestión de sus negocios con abuso en la administración de los mismos, sin que conste que los fondos de las cuentas de las investigadas hayan sido utilizadas para el sustento de la comunidad", añade el auto, que puede ser recurrido.

En todo caso, estos movimientos bancarios se han hecho "bajo el control y dirección" de la abadesa, aunque el resto de investigadas "compartían" las decisiones y rendimientos que se obtenían.