Koldo insiste en pedir suspender su declaración por las mascarillas en Canarias y Baleares

Madrid, 13 may (EFE).- El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García ha insistido este miércoles en su petición al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de suspender su declaración como investigado en la pieza en la que investiga los contratos de mascarillas y pruebas PCR en Baleares y Canarias, prevista para este jueves.

Lo hace después de que Moreno rechazara ayer archivar este caso para él, tal y como solicitó su abogada, Leticia de la Hoz, que considera que su cliente está sufriendo una "doble persecución simultánea prohibida" al haber sido ya juzgado por los contratos de mascarillas en el Tribunal Supremo.

La letrada ha optado por combatir esa decisión del juez y reclamar la "suspensión cautelar" inmediata de su citación en esta causa, pese a reconocer que su "inminencia" hace "materialmente imposible" que su recurso sea resuelto "con carácter previo a la práctica de la diligencia, lo que determinaría la consumación irreversible de la vulneración de derechos fundamentales denunciada y la pérdida sobrevenida del objeto del recurso".

En el recurso de reforma de 33 páginas, subsidiario de apelación ante la Sala, al que ha tenido acceso EFE, la abogada reitera los motivos por los que pidió el archivo y vuelve a invocar los principios de "cosa juzgada" y de "non bis in idem" (no ser juzgado dos veces por un mismo hecho).

Al oponerse a la petición de archivo, el juez rechazó que Koldo García haya sido juzgado por los mismos hechos que él investiga, y expuso que cuando el magistrado del Supremo delimitó el procedimiento, en ningún momento hizo mención a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares, que se mantuvieron en la Audiencia Nacional.

La letrada entiende que la decisión del juez, al apoyarse en un auto de 2024 e ignorar lo acontecido en el juicio del Supremo, "parte de una foto procesal congelada en el tiempo que no refleja la realidad actual del proceso ni el verdadero ámbito objetivo del enjuiciamiento pendiente de sentencia".

Apoya su argumento en el hecho de que la Fiscalía y las acusaciones personadas en el juicio incorporaron en sus informes finales "los hechos balear y canario", lo que supone, apunta, "una contradicción jurídico-temporal insalvable".

Además, añade, el Supremo "ha desplegado actividad probatoria efectiva sobre los hechos canarios y baleares, recabando testimonio de las máximas autoridades autonómicas firmantes de los expedientes", el expresidente canario Ángel Víctor Torres y la expresidenta balear Francina Armengol.

Por eso, destaca, "es jurídicamente imposible" sostener simultáneamente que existe un único delito de organización criminal y otro continuado de cohecho "que abarcan todas las adjudicaciones, y, a la vez, que cada Administración adjudicataria puede ser objeto de un procedimiento penal independiente", y ve incompatible "la fragmentación procedimental por territorios".

A su juicio esto supone un "riesgo cierto" de que se produzcan sentencias contradictorias entre el Supremo y la Audiencia Nacional, "con quiebra del principio de seguridad jurídica", recogido en la Constitución.

En cuanto al delito de tráfico de influencias que la Fiscalía ve en los pagos por parte de Koldo García al comisionista Víctor de Aldama de 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios en diferentes administraciones, "están ya íntegramente integrados en el cohecho continuado" por el que el exasesor ha sido juzgado.

Koldo García fue citado a declarar por estos hechos junto al comisionista Víctor de Aldama, cuya comparecencia se ha pospuesto al 21 de mayo.

Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al juez que apuntaba a que Armengol, delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19 en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

En cuanto a los informes referidos a Canarias, uno de los encargos que recibió Koldo fue conseguir que el Gobierno de Canarias abonara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios de la comunidad autónoma. EFE