La acusación popular del juicio a Ábalos censura a la trama que se lucró con la enfermedad

Madrid, 6 may (EFE).- Él abogado de la acusación popular en el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos ha recalcado este miércoles en el Tribunal Supremo la gravedad de las actuaciones corruptas que se juzgan practicadas por una trama que, según ha subrayado, se lucró con la enfermedad en la pandemia de la covid.

Alberto Durán, letrado del PP que coordina a las acusaciones populares, ha expuesto su informe final en la sesión de hoy del juicio, en una intervención en la que ha asegurado que la organización criminal integrada por Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama -los tres acusados- se aprovechó del poder político para hacer negocio.

"No es la primera (organización) ni será la última que lo hace", pero "sí es la primera vez en una situación gravísima, la de la covid-19", ha añadido.

Porque, según ha señalado, mientras miles de personas morían, ellos "se lucraban", y mientras la sociedad estaba confinada, ellos "falsificaban pases de movilidad, llenaban furgonetas y coches oficiales de señoritas o 'sobrinas', colocaban a sus amantes o buscaban residencias vacacionales para que el señor ministro se relajara".

Se ha referido a Aldama y ha relatado que el comisionista se introdujo en el Ministerio de Transportes en el último trimestre de 2018, donde "no iba de visita" porque "es empresario" y su propósito es "corromper".

"No sabemos que hacía en el Ministerio, pero estaba allí". "Se movía como pez en el agua" y eso "levantó ciertas alarmas", ha dicho el abogado, quien ha situado en México la primera "mordida" o "atenciones de Aldama" hacia los otros dos con el pago de una fiesta con señoritas.

En 2019 se empezaron a repartir comisiones, ha continuado Durán antes de considerar "excepcional" que un empresario se "incrustara" en un ministerio para "inducir a delitos".

El abogado de la acusación popular ha hecho un repaso de todos los hechos que se enjuician, como el pago de una casa para la expareja del exministro Jéssica Rodríguez.

Ábalos "no ha explicado por qué un tercero, un empresario, pagaba los gastos de su novia", ha manifestado el letrado, quien pese a insistir en que las acusaciones han sido respetuosas con la vida privada del exministro y no han "aireado" un pieza de la causa "absolutamente escandalosa", ha ofrecido algún detalle que remitía a aspectos personales de Ábalos.

Durán ha seguido haciendo preguntas que no han sido respondidas en el juicio, como el motivo por el que un asesor, Koldo García, tenía que financiar al exministro o por qué éste no podía domiciliar la pensión que le pasaba a uno de sus hijos.

Sobre los contratos de mascarillas que se juzgan y por los que se pagaron mordidas, el abogado ha asegurado que Aldama tenía información privilegiada y vio una oportunidad de negocio "absolutamente inigualable", más de 6 millones de euros.

"El ministro no se contentó con poner un piso a su querida, había que contentarla con su contratación en empresas publicas", ha comentado también el abogado antes de calificarlo como "un enchufe", porque, además, "no es normal que la presidenta de Adif tenga que recibir un currículum de un ministro para enchufar nada menos que a su querida".

Como fue un enchufe involucrar al presidente de Renfe para contratar "a una señora de Asturias", Claudia Montes, en Logirail. "Ascendieron a quien no trabajaba, leyendo libros en una biblioteca y le falsificaron el currículum", ha agregado.

En suma, la acusación popular considera la trama una organización criminal, porque la tarea concertada y coordinada con reparto de contenidos "se cumple".

Y lo ha explicado así: "Aldama detecta oportunidades de negocio, Koldo hace el trabajo de campo y gestiones, y Ábalos hace lo más grande, es el que se encarga de abrir el camino a todos los demás, es el ministro más importante y el secretario de Organización del PSOE. Tiene una influencia absolutamente innegable".

Según Durán, esta organización criminal "extiende sus tentáculos" después del cese del ministro, eh julio de 2021, hasta 2022, cuando siguieron recibiendo ingresos de Aldama.

Al inicio de la sesión, ADADE, que forma parte de las ocho acusaciones populares que coordina el PP, ha pedido sin éxito al tribunal intervenir por separado al abogado de Partido Popular, si bien, como estaba previsto, sólo este ha expuesto el informe final.EFE

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