El Gobierno aprueba este martes la reforma legal para que los jueces escuchen a los niños

Madrid, 4 may (EFE).- El Gobierno aprueba este martes la ampliación de la Ley de protección a los menores frente a la Violencia (Lopivi) para que sea obligatorio escuchar a los menores sin límite de edad en los procesos que les afecten, y se incluya el alejamiento del presunto agresor en atención al interés superior del niño.

Son algunos de los cambios que recoge el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia que tiene previsto analizar el Gobierno y aprobar en el Consejo de Ministros, para reforzar la protección de los menores y su interés superior, que impedirá, por ejemplo, que se fije custodia compartida si puede afectar negativamente al menor.

Entre las modificaciones, se garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas en cualquier proceso, independientemente de su edad. Hasta el momento, era obligatorio a partir de los doce años o en los menores de una "madurez suficiente", lo que ha provocado que en muchos casos su opinión no haya sido tenida en consideración, como en el caso del hijo de Juana Rivas, que tenía 11 años y el juez no aceptó escucharle.

La ampliación de la Lopivi refuerza el interés superior del menor y tendrá que justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico, explican fuentes del departamento de Sira Rego.

En ese sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento de aquella persona que le violente, que "nunca esté con un agresor o presunto agresor", señalan las fuentes.

El nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP) u otra teoría similar sobre la manipulación de uno de los progenitores a sus hijos para que rechacen al otro, aplicada por algunos tribunales, por lo que las resoluciones que se basen en esos planteamientos podrán ser impugnadas.

Además, refuerza que no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad.

La norma recoge que si un menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas de este y proteger a la persona menor de edad.

También incorpora que bastará el consentimiento de un solo progenitor para que un niño víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica y evitar que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación que necesita el menor.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes, de tal forma que no podrán ejercerla si han sido condenados por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. EFE