Madrid, 28 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido este martes en que quienes se consideren afectados por las consecuencias del apagón eléctrico que se produjo en la Península Ibérica hace un año tienen a su disposición "los procedimientos jurídicos que les brinda el Estado de derecho".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz también ha recordado, en cuanto a las responsabilidades del incidente, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha iniciado "una veintena de procedimientos sancionadores", en su condición de supervisor eléctrico.
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En definitiva, ha añadido, "el Gobierno identificó las causas del incidente en un tiempo récord" y también adoptó rápidamente las medidas necesarias para que no vuelva a producirse una crisis eléctrica, como por ejemplo "intensificar la supervisión, el control y también adoptar medidas de resiliencia del sistema".
El informe del Comité de Análisis también identificó que el apagón se debió a un problema de sobretensión que tuvo un origen multifactorial, que son las mismas conclusiones que se obtuvieron en los diferentes informes de expertos que se han conocido y que también han servido para "desmontar bulos", como "culpar al mix energético", ha dicho. EFE
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