Vigo, 27 abr (EFE).- Los dispositivos de geolocalización que la Guardia Civil colocó en las narcolanchas cuyos cascos se fabricaron en una nave de Vigo entre enero y septiembre de 2021 resultaron fundamentales para sentar en el banquillo este lunes a once acusados y una empresa, pero también han suscitado controversia en las defensas.
Este juicio ha comenzado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, con la declaración del guardia civil que instruyó la investigación, quien ha señalado que la colocación de los GPS era "la única forma de realizar el seguimiento de las embarcaciones" porque "sería imposible de otra forma".
Sin embargo, para las defensas no queda justificada la colocación de estos dispositivos en unos cascos de fibra de carbono que en ese momento, en su opinión, no podrían considerarse embarcaciones de alta velocidad (EAV), las conocidas popularmente como "narcolanchas".
La operación comenzó en una nave de Cotogrande (Vigo) con la instalación autorizada judicialmente de esos dispositivos de geolocalización en las embarcaciones semirrígidas que se fabricaban en su interior, entre los meses de enero y septiembre de 2021.
Así, los investigadores lograron controlar el proceso de fabricación, transporte y entrega de, al menos, dieciocho embarcaciones semirrígidas de alta velocidad con una eslora aproximada de entre 10 y 12 metros.
Comenzaron a construirse en Vigo, posteriormente se desplazaron a través de dos empresas de transporte con sede en O Porriño (Pontevedra), a Portugal, allí se equipaban y, después, se distribuían a distintos puntos de la península: Tarragona, Alicante, Toledo y Andalucía, donde el cliente final se encargaba de la motorización.
De algunas de ellas se constataron navegaciones en la zona del Estrecho de Gibraltar, desde la costa de Marruecos a la de Huelva, según el instructor policial. Una fue empleada el 2 de junio de 2022 en un alijo de 957 kilos de hachís en la playa del Vigía de Mazagón (Huelva) y posteriormente abandonada en la costa de Almería.
Para la Guardia Civil, Ramón S.V. y Sergio R.T. eran los cabecillas de esta supuesta organización criminal y que todos los acusados eran perfectamente conocedores de que se dedicaban a embarcaciones prohibidas.
De los doce acusados -entre ellos la empresa Granxatrans Porriño-, diez comparecieron de manera presencial y otros dos de forma telemática.
La vista oral del juicio, que acumuló cuatro suspensiones previas por distintas ausencias, ha sido programada hasta el jueves y continuará los días 6 y 18 de mayo, cuando está previsto que declaren los acusados una vez se celebre el resto de la prueba.
La Fiscalía solicita penas individuales de dos a nueve años de reclusión y multas que suman 94,8 millones de euros. Para cada uno de los dos supuestos cabecillas reclama siete años de cárcel y 17,5 millones de euros de multa. EFE
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