Madrid, 23 abr (EFE).- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente.
El objetivo es garantizar que el parque público cumpla su función social frente a la especulación y evitar posibles casos de corrupción e irregularidades en sus adjudicaciones, como ya se investiga en algunos gobiernos municipales.
"Lo que ha ocurrido en Alicante con las VPO no puede volver a ocurrir", defiende en un comunicado la portavoz adjunta del Grupo Socialista y diputada por Alicante, Patricia Blanquer, que defiende la introducción de una nueva cláusula antifraude en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El portavoz socialista de Vivienda y diputado por Barcelona, Ignasi Conesa, insiste en que la vivienda pública debe ser para siempre y no es para beneficiar a familiares o conocidos sino para personas las familias más vulnerables.
El Grupo Socialista defiende que la vivienda protegida no puede convertirse en un negocio, sino en un derecho que debe estar sometida a criterios públicos y transparente.
Por ello, con su proposición no de ley socialista proponen blindar la vivienda protegida con carácter permanente, garantizar adjudicaciones transparentes y objetivas a través de procedimientos claros con publicidad, concurrencia y prioridad para quienes estén inscritos en registros públicos de demandantes o que la vivienda protegida vaya destinada exclusivamente a residencia habitual y tendrá que estar ocupada durante el tiempo mínimo establecido en la legislación.
También plantea contar con registros públicos de demandantes y consolidar así registros públicos que garanticen trazabilidad, objetividad y control en el acceso a la vivienda protegida, impulsar mecanismos de supervisión y control, inventariar el parque público y la vivienda protegida, mapear y detallar el suelo público disponible con potencial residencial y auditar adjudicaciones y venta de suelo público realizadas en los últimos tres años para detectar y corregir posibles irregularidades. EFE
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