Madrid, 17 abr (EFE).- El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley eficiencia de la Justicia, ya que la exigencia de acudir a una negociación antes de ir a juicio puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y pide medidas legislativas correctoras.
El colegio profesional de abogados más grande de Europa se ha referido, en un comunicado, al primer aniversario de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entre otras medidas apuesta por la mediación y obliga, en los ámbitos civil y mercantil, a acudir a la negociación entre las partes -los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC)- antes de ir a juicio.
Explica que, tras la aplicación práctica de esta norma en los juzgados, el ICAM ha advertido al Ministerio de Justicia y al Congreso de que la exigencia de acudir a un intento previo de solución extrajudicial antes de poder presentar una demanda civil "está operando en la práctica como una barrera de acceso a la jurisdicción".
Este diseño convierte los MASC "en una suerte de 'peaje' previo para acceder al juez, generando además nuevas controversias procesales sobre su cumplimiento, acreditación o alcance", de modo que "se está desplazando el conflicto desde el fondo del litigio hacia el propio requisito formal", según el ICAM.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, "la eficiencia no puede construirse a costa de restringir el acceso a la justicia".
"Cuando el ciudadano tiene que superar un filtro previo para poder acudir al juez, estamos ante un problema de garantías constitucionales que exige una revisión serena y rigurosa de la norma", añade el comunicado. EFE
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