La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores por indicios de infracción durante el apagón general del 28 de abril de 2025. Competencia apunta que estos incumplimientos “habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”, explican en un comunicado.
El organismo recuerda que, tras el incidente, inició varios expedientes investigadores con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico. Casi un año después, la CNMC considera que el apagón tuvo “un origen multifactorial”, una conclusión a la que también llegaron los investigadores europeos independientes. No obstante, Competencia ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento eléctrico del país.
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En consecuencia, la CNMC ha iniciado un proceso para investigar formalmente estos hechos. La organización aclara que no busca la causa en sí del apagón y que estos expedientes “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”. Estos actores sí podrían haber cometido algunas infracciones que terminasen por constituir infracciones administrativas y podrían enfrentar sanciones por sus actos.
La investigación de la CNMC podrá durar entre 9 y 18 meses, en función de la gravedad de la infracción. Los afectados podrán formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen procedentes.
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Los orígenes del apagón
La organización europea ENTSO-e publicó a finales de marzo un informe sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. El documento describió el suceso como “el más severo del sistema eléctrico en más de 20 años” y concluyó que el cero absoluto se debió a la interacción de múltiples factores en los que Red Eléctrica, las compañías privadas, las renovables y los propios reguladores gubernamentales tuvieron su parte de responsabilidad.
Entre las principales deficiencias detectadas figuran la gestión inadecuada de la red por parte de Red Eléctrica, especialmente en el control manual de elementos clave para la tensión, lo que disminuyó la capacidad de respuesta ante la rapidez de los acontecimientos. La falta de vigilancia en tiempo real sobre la diferencia entre la potencia reactiva prevista y la suministrada por las centrales también ha sido señalada como una causa agravante.
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Las grandes compañías eléctricas que operan en la península —Iberdrola, Endesa y Naturgy— han visto igualmente cuestionada su actuación en el análisis elaborado por la entidad europea. El panel de expertos consideró que los generadores convencionales solo cubrieron menos de tres cuartas partes de la demanda de potencia reactiva en el momento crítico, lo que fue un elemento determinante para que el fallo tomara proporciones de apagón.
El funcionamiento de las plantas de energías renovables en España también fue señalado por el trabajo presentado por ENTSO-e. El informe advirtió que el modelo actual de operación, basado en un factor de potencia fijo, impidió a estas instalaciones ajustar su producción ante variaciones bruscas de tensión. Al no contribuir a la estabilización, muchas plantas se desconectaron automáticamente incluso antes de que se alcanzaran los límites autorizados, lo que aumentó la presión sobre el sistema. Además, los expertos subrayaron la falta de información precisa sobre los parámetros de disparo de estas desconexiones automáticas, lo que dificulta localizar el punto y el momento de la desconexión prematura.
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