La detención del exalcalde de Trabanca se produjo por un fraude fiscal de 3,3 millones durante 15 años

La detención el pasado miércoles del exalcalde de la localidad salmantina de Trabanca, José Luis Pascual, realizada el pasado día 15, ha logrado esclarecer un presunto fraude fiscal relacionado con subvenciones de la Unión Europea para promover el empleo que asciende a 3,3 millones de euros que se habría prolongado durante 15 años.

Así lo han asegurado desde la Subdelegación del Gobierno tras una operación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca junto a personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.

En el curso de esta operación se han llevado a cabo cinco registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos tanto en la provincia de Zamora como de Salamanca, además de bloquear 558.375 euros en 16 cuentas bancarias, 40 propiedades e interviniendo más de 7.276 euros en moneda fraccionada. También se han incautado "numerosos" dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento masivo que son analizados ahora.

José Luis Pascual, presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, había solicitado entre 2010 y 2025 las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo e incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.

Además, se ha investigado a su pareja, ya que las subvenciones fueron obtenidas con su apoyo, y habría utilizado su cargo público de funcionario para facilitar el presunto entramado fraudulento.

A partir de este momento el sospechoso había creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas con operaciones ficticias, incluida una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de cien localidades de Portugal y España y habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.

Las mismas fuentes han explicado que el avance de la investigación ha permitido conocer que se habrían destinado "cantidades significativas" de dinero a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en una localidad de la provincia de Zamora.

Las acciones han sido lideradas por las Fiscales europeas delegadas en Madrid, mediando el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional como Juez de Garantías.

La Fiscalía europea es un órgano independiente de la Unión europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio. Tanto las instituciones y órganos de la UE, como las autoridades competentes de los Estados miembros que participan en la fiscalía europea, deben informar a ésta de cualquier conducta delictiva que afecte al presupuesto de la UE.

También los particulares pueden denunciar presuntos casos de fraude u otros delitos, a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/report-crime/otp como han finalizado desde la Subdelegación.