El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de dos sociedades que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, carecían de capacidad real para ejecutar los servicios de consultoría que facturaban. Así lo recoge un informe elaborado en diciembre de 2025 que ha trascendido en las últimas horas.
El documento, elaborado en el marco de la pieza separada que instruye el juez Antonio Viejo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, señala que la mercantil Masterman & Whitaker -anteriormente denominada Círculo de Belleza S.L.- “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que emitió a Quirón Prevención. La UCO se apoya en las conclusiones de la Agencia Tributaria, que ya había catalogado a esa empresa como una compañía de tratamientos estéticos sin relación con el sector de la asesoría.
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“Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, recoge el informe, añadiendo que el material de la sociedad “estaría totalmente amortizado”: básicamente unas máquinas de depilación láser y remodelación corporal, y un ordenador portátil.
La actividad de la empresa
La facturación total de González Amador al grupo sanitario, distribuida entre Masterman y su otra sociedad, Maxwell Cremona, ascendió a 1.078.412 euros en 2021, a 1.956.449 euros en 2022 y a 1.401.634 euros en 2023, con una cifra conjunta de 4.436.495 euros. En 2024 esa facturación se redujo a cero. Los tres ejercicios con actividad, denuncia la oposición política, coinciden con el inicio público de la relación de González Amador con Díaz Ayuso.
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La trayectoria de Círculo de Belleza ilustra el núcleo de la investigación. La UCO precisa que la mercantil no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020 y que su cifra de negocio aumentó tras ser adquirida por González Amador. En el ejercicio 2021, sus ingresos -327.320 euros- “guardarían relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057,20 euros (327.320 más 21% de IVA)”, según el informe de la UCO.
La cadena de transmisión de la empresa arranca en septiembre de 2020, cuando Fernando Camino, entonces presidente de Quirón Prevención, cedió 66 participaciones de Círculo de Belleza a su pareja, Gloria Carrasco, que pasó a ser socia única tras pagar 8.000 euros a su hermano y al propio Camino. Tres meses después, en diciembre, Carrasco transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, la sociedad de González Amador, por un precio de casi medio millón de euros.
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El juez Viejo aprecia indicios de que esa compraventa no respondía al valor real de la empresa -de la que no existen elementos que acrediten su precio de mercado- y que “la verdadera finalidad de dicho acto” fue “satisfacer una comisión” al directivo sanitario. La fiscalía empleó el término “soborno” en su escrito y señaló que Círculo de Belleza no facturaba ni 30.000 euros anuales y carecía de empleados y activos.
Fue precisamente este informe de diciembre el que sirvió de base para que el magistrado autorizara recientemente a la UCO a investigar los movimientos de varias cuentas bancarias desde 2014, entre ellas las del novio de Díaz Ayuso. Carrasco está investigada en la causa; Camino, por el momento, no figura como imputado en el procedimiento por presunto soborno. La operación de compraventa derivó también en un procedimiento inspector de la Agencia Tributaria sobre el IRPF de 2020 de Fernando Camino, iniciado en junio de 2025.
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La defensa de González Amador
Al conocer la existencia de la investigación penal en curso, la Agencia Tributaria remitió un escrito al juez en el que solicitaba paralizar ese procedimiento inspector, al entender que su resultado depende de los hechos que finalmente se acrediten en sede penal.
La defensa de González Amador ha respondido con una solicitud ante el juzgado en la que sostiene que los hechos denunciados por Hacienda “ya no son objeto de investigación por el Tribunal al que nos dirigimos al haber concluido la fase de instrucción e intermedia del procedimiento, siendo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid”.
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Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, en el que el empresario aguarda fecha de juicio por un presunto fraude fiscal de unos 350.000 euros, causa por la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública.
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