Madrid, 15 abr (EFE).- El Congreso ha aprobado este miércoles el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer que quedaron excluidas de la ley de memoria democrática en 2022, en virtud de una iniciativa que no ha contado con el apoyo ni de Vox ni del PP.
Se trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, defendida por Etna Estrems (ERC), que ha salido adelante con 176 votos a favor y 170 en contra, tras un debate parlamentario.
El Patronato de Mujeres fue una institución en la que miles de mujeres y niñas fueron internadas entre 1941 y 1985 por conductas consideradas "desviadas". Las supervivientes han denunciado vejaciones, trabajos forzados, separación de hijos o control de la sexualidad.
El texto de la iniciativa insta al Gobierno a promover las modificaciones legislativas para incluir a las supervivientes en la ley de memoria democrática, establecer indemnizaciones pecuniarias, abrir comisiones de investigación independientes e impulsar políticas de reconocimiento, memoria y reparación.
"El Patronato de Protección a la Mujer fue un sistema de represión moral que tuvo el objetivo de controlar a las mujeres que no se ajustaban al modelo impuesto por el nacionalcatolicismo", ha señalado Estrems, quien también ha incidido en que esas mujeres, muchas de ellas niñas y adolescentes, fueron institucionalizadas sin haber "cometido ningún delito".
La diputada del PP Silvia Franco ha empezado su intervención expresando su “solidaridad” hacia todas las mujeres víctimas del Patronato, que “merecen reconocimiento, verdad y reparación”, pero ha cuestionado “la instrumentalización del dolor de estas mujeres” y ha insistido en que su “discrepancia no es con la necesidad de verdad”, sino con el marco político de la izquierda.
Por su parte, Rocío Aguirre Gil de Biedma (Vox) no ha hecho alusión a estas mujeres y se ha opuesto a la iniciativa argumentado que su partido asume “toda la historia de España, con sus luces y sus sombras”, acusando al Gobierno de utilizar la “historia como arma política para imponer su ideología” a través de “la nefasta ley de memoria democrática”.
Al texto inicial se han incluido varias enmiendas de JxCat y PSOE. La propuesta de Junts se ha centrado en el reconocimiento del Patronato como "instrumento de represión de género y estructura propia del nacionalcatolicismo destinada a imponer un modelo social basado en la sumisión y la negación de la libertad personal".
Asimismo, Junts ha exigido en su texto transferir las competencias de la investigación independiente de cada caso a las comunidades autónomas "evitando su centralización".
Por su parte, el PSOE ha planteado que una vez se concluyan estas investigaciones, se estudien "las posibles vías de reconocimiento a las personas afectadas" y ha concluido su intervención en el Congreso asegurando que "queda mucho por hacer". EFE
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