El deseo de construir y asentarse en un hogar definitivo en el campo se acabó convirtiendo en un calvario para Jane Coyle y su marido Anthony, residentes en una aldea rural al oeste de Inglaterra. La pareja lleva seis años intentando avanzar con su proyecto, pero una moratoria impuesta por las autoridades locales para frenar la contaminación del río Lugg les ha dejado en una situación límite, y han terminado viviendo en un cobertizo. “Nos han dejado completamente abandonados”, lamentó Coyle en declaraciones a Hereford Times.
La historia comenzó en 2020, cuando los Coyle adquirieron un terreno con la intención de edificar una casa adaptada a las necesidades médicas de Anthony, que padece una grave enfermedad. Poco después, la llamada Moratoria de Lugg paralizó el desarrollo urbanístico en varias zonas del condado de Herefordshire. La medida buscaba evitar que las nuevas construcciones incrementaran los vertidos de nutrientes al río, cuya salud medioambiental se encuentra en estado crítico. Por esto, la pareja no pudo avanzar con la obra y se vio obligada a improvisar un refugio temporal en una pequeña construcción anexa a la parcela.
“Recuerdo que alguien dijo que les llevaría siete años. Yo me lo tomé a broma. Si hubiéramos estado a un par de campos de distancia, habríamos estado bien”, relató Jane Coyle. La situación personal se agravó por los problemas de salud de Anthony, que han dificultado cualquier intento de mudanza o mejora. El matrimonio asegura que la espera les ha supuesto “gastos adicionales astronómicos”, ya que han debido instalar paneles solares y baterías para abastecerse de energía y mantener unas condiciones mínimas de habitabilidad.
Un freno para los pequeños propietarios
La moratoria afecta a buena parte del condado de Herefordshire, donde la contaminación por fósforo y otros nutrientes amenaza la viabilidad ecológica del río Lugg y su cuenca. La restricción se aplica a nuevas viviendas y proyectos agrícolas, aunque en la práctica impacta sobre todo a pequeños propietarios como los Coyle. “La cantidad de fosfato que producimos cabría en una cucharadita, mientras ves hectáreas y hectáreas a tu alrededor cubriéndose de purín de pollo”, denunció Jane Coyle.
Y, al final, los Coyle viven su día a día con mucha precariedad: no han podido instalar un árbol de Navidad desde antes de la pandemia y guardan todas sus pertenencias en una unidad de almacenamiento alejada del cobertizo. La vivienda improvisada les obliga a encontrar soluciones alternativas para recibir a sus tres nietos, que han dormido en tiendas de campaña y furgonetas cada vez que los visitan. “Hemos tenido tiendas de campaña, tipis, furgonetas camper, cualquier cosa posible para que ellos puedan estar con nosotros”, explicó Coyle.
El retraso en la construcción también ha generado tensiones con el vecindario. Ambos comentan que se han disculpado repetidas veces con los vecinos por el aspecto descuidado de la propiedad, al tiempo que las preocupaciones de seguridad les impiden ausentarse durante periodos prolongados.
Los afectados presentan una demanda colectiva
La situación de los Coyle no es un caso aislado. El despacho jurídico Leigh Day ha presentado una demanda colectiva en nombre de 4.500 personas que aseguran haber sufrido consecuencias similares en Herefordshire. La acción legal, la mayor de carácter medioambiental registrada en el Reino Unido, se dirige contra Avara Foods Limited, Freemans of Newent Limited y la compañía de agua Welsh Water.
Según los demandantes, la moratoria ha impedido la construcción de unas 2.000 viviendas y la contaminación por nutrientes procede en un 66 por ciento de las explotaciones avícolas, mientras que las nuevas urbanizaciones apenas representan el uno por ciento del problema. “Las preocupaciones de las personas afectadas por la Moratoria de Lugg son algo que compartimos, y con la demanda legal buscaremos que los presuntos responsables rindan cuentas”, declaró Oliver Holland, socio del despacho Leigh Day.
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