Madrid, 14 abr (EFE).- La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha cuestionado en un escrito el "rigor" de la Intervención General del Estado (IGAE) en su último informe aportado a la Audiencia Nacional, que puso el foco, entre otras cuestiones, en el aumento del 20 % del presupuesto en tres obras adjudicadas a Acciona.
Hace unas semanas los investigadores de la IGAE remitieron al juez Ismael Moreno un informe en el que analizaban once adjudicaciones de obra pública en el marco de la investigación de una pieza separada del conocido como caso Koldo, que busca esclarecer posibles mordidas e irregularidades en estos contratos.
Un informe que rebate la expresidenta de Adif, una de las investigadas en esta pieza y quien el miércoles declara como testigo en la parte del caso que está juzgando el Tribunal Supremo, centrada en contrataciones de mascarillas, y que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Pardo de Vera cuestiona las "hipótesis interpretativas o valoraciones retrospectivas" que aparecen en ese informe y que "no se apoyan en la identificación de errores técnicos concretos ni en la aportación de análisis técnico alternativo alguno".
La IGAE, además de destacar ese aumento del 20 % en obras adjudicadas por Adif y la Dirección General de Carreteras, detectó que en tres obras de Adif se produjo un modificado que "incumple la normativa sobre modificaciones".
Las tres proyectos en los que halló un aumento ligeramente por debajo del 20 % del precio, con modificaciones previas al inicio de las obras, son el soterramiento de dos estaciones de tren en Murcia, las de Barriomar y Nonduermas, el cubrimiento de las vías ferroviarias por el núcleo urbano de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y la construcción de una plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera, en Almería.
La defensa de Pardo de Vera solo ve "manifestaciones genéricas de un insinuado incumplimiento de la normativa y de falta de motivación en la asignación de puntuaciones", sin que el informe aporte elementos que prueben que hubo criterios de arbitrariedad o discriminatorios.
El informe -argumenta- "carece de cualquier valor invalidante de las decisiones adoptadas por los órganos de contratación de Adif/Adif-Alta Velocidad", sobre la base de toda una serie de informes que "dictaminaron favorablemente la licitación o la modificación correspondiente".
Y destaca que "afirmar que el juicio de valor 'determinó' la adjudicación carece de relevancia jurídica autónoma si no se acredita" que, por ejemplo, hubo un "acceso anticipado al precio, contaminación de sobres", exclusión irregular de ofertas o arbitrariedad o falta de motivación en la valoración técnica. "Y en nuestro caso, es obvio que no se ha hecho", subraya.
Con todo, hace hincapié Pardo de Vera en que si el informe de la IGAE "pretende sostener que la adjudicación estuvo predeterminada", no basta con "una sospecha retrospectiva", sino que debe explicar por qué discrepa de la cadena de informes previos y qué informe está errado.
Además de Pardo de Vera, la Audiencia Nacional investiga en esta pieza al exdirigente socialista Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, al ex director general de Carreteras Javier Herrero y a un conjunto de empresarios. EFE
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