Madrid, 14 abr (EFE).- Entidades de la Iglesia católica como Cáritas han pedido este martes al Gobierno que la Administración ponga todos medios para que el proceso de regularización aprobado por el Ejecutivo llegue a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
En un comunicado, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española califican la aprobación este martes del Real Decreto que permitirá esta regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida "de responsabilidad política, ética y social".
Sin embargo, avisan de que, ante un proceso "tan complejo técnica y logísticamente" y que debe desarrollarse en un período "muy limitado" de tiempo, únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.
Las entidades confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular, subrayan, a aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.
En su opinión, la irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de "fuerte vulnerabilidad", ya que "limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación", mientras la regularización les permite "salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad".
Contar con una autorización de residencia y trabajo, afirman, abre la puerta al empleo formal y digno y a la estabilidad económica y facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda o la educación, además de que estas personas cotizarán, pagarán impuestos y contribuirán formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, "reforzando el Estado del bienestar".
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, que citan estas entidades en el comunicado, la situación administrativa irregular en la que están muchas de las casi nueve millones de personas migrantes que viven en España provoca que el 68 % de ellas se encuentre en exclusión social. EFE
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