El subdirector de Emergencias dice a la jueza que Presidencia pidió el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, relató ante el juzgado de Llíria que en una ocasión excepcional, altos funcionarios de la Generalitat Valenciana solicitaron y se llevaron una grabación reservada relacionada con la gestión de la dana, sin mediar justificación formal ni procedimiento habitual; este archivo fue posteriormente divulgado de forma alterada. Esta información forma parte de las pesquisas por la filtración de un audio manipulado que se investiga desde febrero de 2025, según consignó Europa Press.

La intervención de Suárez ante la jueza de Llíria se produjo tras la revisión de un informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Guardia Civil de Valencia. El documento indicó que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior accedieron a la grabación: Ricardo García García, subsecretario de este departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, dirigidos por Salomé Pradas, investigada en la causa de Catarroja, según reportó Europa Press.

De acuerdo con la investigación, el acceso a la grabación tuvo lugar entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024. Ambos funcionarios obtuvieron copia del fragmento de una conversación mantenida entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana. Dicha conversación trató sobre el desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca, y fue almacenada en un pendrive, según publicó Europa Press.

Según relató Suárez en el juzgado, la solicitud de localización y obtención de la llamada partió de Presidencia de la Generalitat Valenciana. El primer requerimiento lo realizó Alberto Martín Moratilla, quien pidió tanto la grabación como la transcripción de la conversación relacionada con el desplazamiento del temporal. No se llegó a elaborar la transcripción porque Ricardo García, en la mañana del 2 de noviembre, urgió a que localizaran la llamada. García acudió con un técnico a uno de los despachos y localizaron un segmento de la grabación que fue guardado en un pendrive y retirado del lugar, según relató el testigo ante la jueza y recogió Europa Press.

Suárez aseguró en la declaración que los funcionarios no presentaron ninguna razón por la cual se solicitaba el archivo, ni hubo petición por escrito ni firma de documento alguno. Expresó que García se llevó el archivo sin más trámite. El propio testigo remarcó ante las preguntas de las acusaciones populares del PSPV y Podemos que esta situación no tenía precedentes en su experiencia: “Nunca se ha pedido una grabación de esta manera por parte de un alto cargo”, citó Europa Press.

El inicio de la investigación judicial ocurrió tras la presentación de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia, por la filtración a medios de comunicación de un audio incompleto que, según la acusación, reviste carácter reservado y pudo implicar la comisión del delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto en los artículos 197.1 y 3 del Código Penal. Europa Press explicó que la grabación se realizó durante la gestión de una emergencia, y la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana estipula que toda información relativa a la gestión de incidentes de emergencia coordinados por el 112 será destinada únicamente a los servicios esenciales implicados, a los fines estrictos de su gestión. Una vez concluida la emergencia, la ley solo permite divulgar información reservada si lo solicita la autoridad judicial, precisó el citado medio.

Según los informes analizados por la magistrada de Llíria, la conversación extraída y filtrada incluía referencias de una funcionaria de Aemet a la evolución del temporal. Dicho archivo, que debió haberse mantenido dentro del circuito institucional y reservado a las autoridades competentes, fue divulgado a medios de comunicación después de haber sufrido alteraciones, de acuerdo con la reconstrucción de Europa Press.

El proceso pone en cuestión los mecanismos de acceso a información confidencial en el marco de situaciones de emergencia en la Comunidad Valenciana y examina la cadena de decisiones por las cuales una grabación protegida transitó fuera de los cauces reglamentarios. Europa Press detalló que la investigación sigue abierta y continuará analizando responsabilidades sobre la difusión pública del archivo manipulado.