Las acusaciones por los hechos ocurridos en la madrugada del 17 de julio de 2023 han llevado a que la Fiscalía solicite penas que suman hasta 65 años de prisión para J. P. M. A. y su hijo P. M. M., tras el tiroteo que dejó un muerto y cuatro personas ilesas en un barrio madrileño. Según informó la Audiencia Provincial de Madrid, ambos permanecen en prisión provisional mientras esperan el inicio del juicio, fijado para el 7 de abril.
De acuerdo con la información compilada por el medio, el Ministerio Fiscal detalló que el incidente se produjo después de una serie de disputas entre clanes, incluida una confrontación previa en un centro comercial de Leganés ese mismo día. Un grupo de cinco personas acudió a un descampado bajo la vivienda de los acusados para hablar con uno de ellos. Mientras se encontraban allí, los procesados, sin previo aviso, dispararon al menos diez veces desde las ventanas usando un revólver y una pistola, armas que no estaban registradas legalmente a su nombre.
La Audiencia Provincial de Madrid, en información difundida por los medios, señala que los disparos alcanzaron a un hombre de 38 años. Este individuo resultó gravemente herido en órganos vitales, como el páncreas y el hígado, durante el intento de huida. Fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después a causa de un shock hipovolémico generado por las lesiones internas. La víctima era esposo y padre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Las demás personas que integraban el grupo contra el que se efectuaron los disparos resultaron ilesas, según consignó la Fiscalía.
La acusación pública sostiene que ambos acusados actuaron con el propósito de causar la muerte, por lo que imputa a J. P. M. A. el delito de asesinato consumado y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa. A su hijo, P. M. M., se le atribuyen cinco delitos de asesinato en tentativa. Además, la Fiscalía incluye entre los cargos el delito de tenencia ilícita de armas de fuego, ya que ni el revólver ni la pistola contaban con la correspondiente licencia, según reportó la fuente judicial.
Tal como relató el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial, la reacción de los acusados se produjo sin mediar conversación ni advertencia hacia el grupo que se acercó al entorno de su domicilio. Las autoridades determinaron durante las investigaciones que la respuesta violenta se enmarcó en un contexto de rivalidad entre clanes, alimentado por episodios previos y tensiones no resueltas.
El proceso judicial, de acuerdo con la Audiencia Provincial, prevé examinar detenidamente las circunstancias de los hechos y la responsabilidad de los acusados en la muerte y puesta en peligro de la vida de los supervivientes. El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas severas por los delitos anteriormente descritos, haciendo hincapié en la peligrosidad demostrada por la utilización de armas de fuego en un entorno residencial y por la existencia de conflictos previos señalados como antecedentes relevantes para el caso.
El tribunal comenzará a evaluar los testimonios y pruebas a partir del 7 de abril, fecha señalada para el inicio de vistas orales. La evolución del caso cuenta con la expectativa de determinar si los acusados incurren en los delitos tipificados que podrían conllevar condenas históricas, según publicó la Audiencia Provincial de Madrid.
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