
Los desencuentros previos entre los internos motivaron que la administración penitenciaria los ubicara en módulos diferentes, con el objetivo de evitar enfrentamientos. Sin embargo, según detalló la sentencia citada por la Audiencia Provincial de Alicante, ambos reclusos coincidieron en una zona común de la prisión de Fontcalent, lo que facilitó que se produjera el ataque que ahora ha sido objeto de condena. El medio reportó que las medidas destinadas a impedir el contacto entre los implicados resultaron insuficientes, a pesar de que los funcionarios tenían conocimiento de la enemistad entre ellos.
Según informó la Audiencia Provincial de Alicante y publicó el medio de comunicación, el agresor ha recibido una condena de ocho años de prisión. El tribunal lo halló culpable de un delito de asesinato en grado de tentativa por haber atacado en la nuca a otro interno, utilizando un bolígrafo previamente modificado para que funcionara como cuchillo. El incidente tuvo lugar el 12 de abril de 2024, en una de las áreas compartidas del centro penitenciario de Fontcalent, mientras la víctima realizaba un trámite.
De acuerdo con la versión difundida por la Audiencia, el agresor no solo deberá cumplir la pena de privación de libertad. La sala también ha ordenado una prohibición de acercamiento y comunicación: durante dos décadas no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni contactarla a través de ningún medio. Además, informaron que el condenado deberá indemnizar económicamente tanto al interno agredido como a la propia institución penitenciaria. La víctima recibirá 2.076 euros por los perjuicios y daños sufridos, mientras que el centro penitenciario será resarcido con 240 euros correspondientes a los gastos de asistencia médica que requirió la persona atacada. La sentencia especifica que, si el condenado no pudiera afrontar la cantidad estipulada, será el propio organismo de Instituciones Penitenciarias quien deberá responder de manera subsidiaria.
El día de los hechos, según la detallada reconstrucción del tribunal y recogida por las informaciones, el recluso condenado utilizó el bolígrafo modificado para atacar sorpresivamente a su compañero, clavándole el objeto en el cuello. El mismo tribunal señaló que el impacto se dirigió a una zona vital, lo que permitió deducir la intención de causar la muerte. Tras el incidente, la víctima fue trasladada de urgencia para extraerle el objeto y debió permanecer 21 días bajo supervisión médica hasta recuperarse. Como secuela permanente le quedó una cicatriz de un centímetro en la región cervical.
Después de consumar la agresión, el interno fue al interior de la cárcel para cambiarse de ropa. A pesar de ello, un funcionario penitenciario que presenció la escena y las cámaras de seguridad permitieron identificarlo y proceder a su detención pocos minutos después, según reportó la Audiencia de Alicante.
El juicio contó con el testimonio del acusado, quien reconoció en parte los hechos. El recluso manifestó que su intención era golpear a la víctima en la espalda y que falló el golpe. En su declaración, afirmó además que no había alterado el bolígrafo, negando su manipulación. Sostuvo que actuó de esa manera porque consideraba que el otro interno lo iba a agredir, añadiendo que aquel día habría recibido amenazas. Pese a esa versión, el tribunal determinó que la naturaleza y localización del ataque evidenciaron una intención de matar, así como premeditación y ánimo de venganza.
El conflicto entre ambos internos había motivado anteriormente su separación en diferentes módulos, decisión que buscaba reducir el riesgo de confrontaciones físicas. No obstante, según consignó el fallo judicial, coincidiendo en la zona común sin medidas reforzadas, la víctima resultó atacada. La sala subrayó en la sentencia la responsabilidad de Instituciones Penitenciarias por no haber evitado que los dos hombres coincidieran en espacios compartidos, incrementando el peligro pese a conocer el historial de enfrentamientos.
Durante la instrucción, los responsables del centro reconocieron la existencia de desencuentros entre los internos antes del episodio de violencia, lo que había derivado en medidas preventivas. Sin embargo, el acceso simultáneo de ambos a la misma área para tareas administrativas fue el contexto en el que se desencadenó el ataque.
La decisión del tribunal responde tanto a la gravedad de los hechos como al historial de conflictos previos entre los internos, y a la apreciación de la intencionalidad letal del agresor. Las indemnizaciones establecidas contemplan tanto el daño personal como los costes sanitarios derivados de la asistencia proporcionada a la víctima en el propio centro penitenciario.

