Fiscal de Pontevedra investiga posible delito de agresión y contra intimidad en una pelea de menores difundida en redes

El procedimiento habitual en este tipo de casos implica que, cuando los presuntos implicados en una agresión son menores de 14 años, el expediente penal es archivado y la información se remite a las entidades de protección de menores. El medio Europa Press detalló que la Fiscalía Provincial de Pontevedra, a través de la Fiscalía de Menores, determina si los hechos requieren la intervención de la Xunta, que se encarga de analizar el entorno familiar y social de los menores participantes, pudiendo llegar a aplicar medidas como programas socioeducativos, terapéuticos, seguimiento por trabajadores sociales o, en situaciones extremas, retirar la tutela a los progenitores y decretar el ingreso del menor en centros de acogida. La noticia principal que se investiga es una pelea grupal en la que una menor de 13 años fue presuntamente agredida por otras jóvenes en la plaza de Barcelos de Pontevedra, el 6 de marzo, episodio que fue grabado y difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias preliminares para esclarecer los hechos, ya que los mismos podrían constituir dos presuntos delitos, uno por lesiones y otro por vulneración del honor y la intimidad de la menor agredida. En el comunicado emitido por el Ministerio Público, se subraya que la mayor parte de las personas que aparecen en el vídeo tienen menos de 14 años, lo que los sitúa fuera de la responsabilidad penal según la actual legislación española. La Fiscalía explica que la ley establece los 14 años como la edad mínima para ser imputable desde el punto de vista penal, pues hasta ese momento se asume un déficit en la madurez necesario para considerar penalmente responsables a los menores.

El incidente comenzó cuando, supuestamente, una de las menores agredió físicamente a la víctima, lo que derivó en un forcejeo entre ambas. Al forcejeo se sumaron otras jóvenes, quienes, según indican las fuentes citadas por Europa Press, habrían propinado patadas y tirado del pelo a la agredida. El hecho de que el enfrentamiento fuera grabado y compartido en plataformas digitales permitió identificar a las menores que participaron en la pelea. Posteriormente, la familia de la víctima, una niña de 13 años, presentó denuncia ante las autoridades y adjuntó tanto el parte médico de lesiones, tras acudir al hospital, como los vídeos del incidente.

Europa Press reportó que aunque los menores implicados no puedan ser sancionados penalmente, los hechos no quedan sin respuesta oficial. La Fiscalía de Menores traslada la información a la administración autonómica, en este caso la Xunta de Galicia, que determina las medidas de protección y seguimiento adecuadas. Entre estas medidas figuran la aplicación de programas de intervención socioeducativa o terapéutica, evaluación del entorno familiar e intervención de trabajadores sociales. Solamente en situaciones de desamparo extremo se contempla la posibilidad de separación del menor de su núcleo familiar e ingreso en un centro de acogida, actuación que tiene carácter asistencial y no punitivo.

El comunicado de la Fiscalía, consignado por Europa Press, recuerda que hasta los 14 años no existen antecedentes penales para este rango de edad, ya que la norma busca evitar que un error cometido en la infancia condicione permanentemente el futuro de los menores. En cuanto a la responsabilidad civil por los daños causados, la ley transfiere dicha responsabilidad a los padres o tutores legales de los implicados, quienes están obligados a responder por las posibles indemnizaciones derivadas de la agresión.

Fuentes de la investigación citadas por Europa Press informaron que la colaboración con la Policía Nacional resulta clave para la identificación de los participantes y la recopilación de pruebas. Tanto la Fiscalía como la policía siguen trabajando de manera coordinada para esclarecer los pormenores del caso y asegurar que tanto la víctima como los demás implicados reciban la atención y protección contemplada por la ley.

La difusión del vídeo de la agresión en redes sociales ha añadido un elemento adicional al proceso, ya que puede constituir una vulneración de la privacidad de la menor afectada. El Ministerio Público subraya que, además de la investigación por las lesiones, se analiza la posible comisión de un delito contra la intimidad y el honor, debido a la grabación y circulación del material audiovisual sin el consentimiento de la persona agredida.

Europa Press describe que la Fiscalía ejerce un papel de enlace entre el sistema judicial y las instituciones sociales encargadas de la protección de la infancia, buscando que los menores implicados sean derivados a programas y servicios de apoyo que favorezcan su desarrollo y eviten la reincidencia. El proceso también implica un seguimiento del entorno inmediato del menor, con la intervención de equipos multidisciplinares en los casos que así lo requieran.

Por ahora, la investigación permanece abierta en la Fiscalía de Menores de Pontevedra, que sigue recopilando pruebas y tomando declaraciones para delimitar las responsabilidades de cada participante en la pelea y su difusión pública.