Llevan un caso de torturas franquistas en Barcelona al Comité contra la Tortura de la ONU

El caso de presuntas torturas sufridas por los hermanos Ferrándiz en la Prefectura de Via Laietana ha sido presentado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de que la justicia española no abriera ninguna investigación formal sobre los hechos atribuidos a la Brigada Político-Social. Según reportó la asociación catalana de derechos humanos Irídia, esta demanda representa la primera que se presenta ante este organismo internacional desde la promulgación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, una legislación que consagra la obligación de investigar delitos contra la humanidad perpetrados durante la dictadura franquista y que reconoce que estos crímenes ni prescriben ni pueden ser cubiertos por la amnistía.

De acuerdo con la información publicada por Irídia y recogida por diversos medios, el proceso judicial iniciado en España concluyó sin que se llegaran a practicar diligencias de investigación. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona rechazó en noviembre de 2023 la querella presentada por Irídia en representación de Maria Isabel y José Pablo Ferrándiz, bajo los argumentos de prescripción del delito, el principio de legalidad y la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. Tras este fallo, la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión del juzgado y, posteriormente, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo interpuesto por la defensa, según detalló Irídia en un comunicado.

Irídia describe en su informe que los hechos denunciados ocurrieron cuando los hermanos Ferrándiz tenían 17 años y permanecieron detenidos durante 32 días en completa incomunicación en la mencionada comisaría barcelonesa. Según la asociación, durante ese periodo sufrieron torturas tanto físicas como psicológicas por parte de agentes de la Brigada Político-Social. Irídia sostiene que los motivos de esta actuación policial residieron en la militancia política de los afectados y, en el caso de Maria Isabel Ferrándiz, también en razones de género.

El comunicado de Irídia, publicado tras la presentación del caso ante la ONU, insiste en que todas las vías judiciales españolas se cerraron sin que existiera una mínima acción para esclarecer los hechos ni para identificar a los posibles responsables de estos delitos. "No se permitió ni tan solo la mínima investigación para esclarecer los hechos", afirmó la abogada Laura Medina en declaraciones consignadas por la organización de derechos humanos.

La presentación del caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU abre una nueva instancia internacional de análisis sobre hechos vinculados a la represión franquista, que hasta ahora no han encontrado respuesta en el ámbito judicial español. Esta demanda se convierte en la primera de su tipo que involucra la aplicación de la reciente Ley de Memoria Democrática, la cual establece un marco legal claro para la investigación y posible sanción de crímenes contra la humanidad, estableciendo que tales actos no pueden quedar impunes bajo la cobertura de prescripción o amnistía, según precisa Irídia.

El caso de los hermanos Ferrándiz se suma a la lista de denuncias relacionadas con la falta de investigación efectiva de crímenes ocurridos durante la dictadura en España y su posterior reconocimiento en instancias internacionales. Según consignó Irídia, la asociación espera que la intervención del órgano de Naciones Unidas obligue al Estado español a revisar su posición respecto a la investigación de estos delitos y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.

La abogada Laura Medina, representante de la organización catalana, expresó preocupación por la inexistencia de investigación judicial en torno a los hechos que afectaron a Maria Isabel y José Pablo Ferrándiz. En su análisis, la negativa de los tribunales a admitir la querella refuerza las barreras legales y prácticas que dificultan el acceso a la justicia en casos vinculados con la represión franquista.

Irídia argumentó que la actuación judicial, al rechazar la investigación basada en la Ley de Amnistía de 1977 y en el principio de legalidad, contradice los estándares internacionales ratificados por España, especialmente en materia de imprescriptibilidad y no amnistía de crímenes contra la humanidad. El medio también reportó que la organización considera la decisión judicial como un incumplimiento de los compromisos asumidos tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

El caso ha despertado especial atención por ser la primera demanda presentada ante el Comité contra la Tortura de la ONU relacionada con delitos del franquismo desde que la legislación española reconoce la obligación de investigar y sancionar estos hechos. La organización Irídia subrayó que, a diferencia de otros procedimientos, las instancias españolas cerraron el proceso sin tomar testimonios ni realizar diligencias probatorias, acción que podría ser evaluada por el organismo de la ONU a la luz de los tratados internacionales suscritos por España.

Según detalló Irídia, la petición elevada ante la ONU solicita que el Comité inste al Estado español a adoptar medidas para investigar las denuncias, sancionar a los responsables e impedir la repetición de conductas similares. También reclama el reconocimiento y la reparación para las víctimas de tortura en el contexto de la represión franquista.

La asociación catalana resaltó que el caso de los hermanos Ferrándiz ejemplifica los obstáculos legales y judiciales que persisten en la tramitación de denuncias vinculadas con la dictadura, especialmente en lo relativo a la negativa sistemática de las autoridades a someter estos hechos a investigación o enjuiciamiento, según publicó Irídia. La organización consideró que la inadmisión de la querella evidencia la distancia existente entre la normativa internacional vigente y su aplicación efectiva en los sistemas judiciales nacionales.

El desarrollo de esta denuncia ante el Comité contra la Tortura de la ONU tendrá un impacto en el devenir jurídico y social de la memoria histórica en España durante los próximos meses, según señalan portavoces de Irídia. La resolución que adopte el organismo de Naciones Unidas sobre el caso podría influir en futuras demandas similares, así como en la aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática.