Asociación de Víctimas Mortales Dana pregunta a Mazón si dirá la verdad a la jueza o "seguirá instalado en la mentira"

Las críticas hacia la figura de Carlos Mazón han cobrado fuerza tras la decisión de la jueza de Catarroja de citarlo a declarar como testigo en la investigación judicial sobre las inundaciones de octubre de 2024 que dejaron 230 fallecidos en la provincia de Valencia. El debate ha surgido después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) resolviera no asumir la competencia para investigarlo penalmente, ya que, según su dictamen, Mazón no ostentaba “la posición de garante de un deber u obligación específicos” necesarios para atribuirle el delito de homicidio por imprudencia. Tal como detalló el medio, la medida ha provocado que familiares y asociaciones de víctimas exijan explicaciones claras y cuestionen el uso del aforamiento por parte del ex presidente de la Generalitat valenciana.

Según publicó la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, su presidenta, ha interpelado públicamente a Mazón sobre si dirá la verdad ante la jueza o “seguirá instalado en la mentira permanente”. Álvarez también advirtió que, como testigo, Mazón está legalmente obligado a declarar con veracidad, un punto que las familias de las víctimas consideran esencial para avanzar en la instrucción del caso. La representante señaló que las familias respetan la resolución judicial aunque la calificaron de sorprendente y manifestaron su esperanza en que la comparecencia de Mazón logre aportar transparencia y esclarecer los hechos ocurridos durante la emergencia.

Álvarez afirmó que las familias de quienes fallecieron aguardan que Mazón, a quien se refirió como “el señor que ocupa el escaño 98 (de Les Corts)”, muestre la integridad esperada de un representante público y colabore en el proceso judicial. Declaró también que las víctimas y el conjunto de la sociedad valenciana tienen derecho a conocer la verdad completa de los acontecimientos, por lo que no descartan seguir insistiendo para que en el futuro se retire el aforamiento al exdirigente. La presidenta subrayó: “No vamos a perder la esperanza de que, en un futuro, este señor pierda el aforamiento y vamos a trabajar en ello, que nadie piense que vamos a desistir”. Recalcó que el objetivo de la entidad es que Mazón “pueda y deba acudir al juzgado como investigado”, aunque de momento exigen que coopere plenamente en calidad de testigo.

De acuerdo con lo publicado por varios medios, integrantes de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre de 2024 han reclamado que no se aplique el aforamiento a Mazón, marco legal que impide que sea investigado penalmente salvo autorización expresa del TSJCV. Mariló Gradolí, presidenta de esta asociación, insistió en que la existencia de casos en otras comunidades como Canarias o Aragón demuestra que el aforamiento no constituye una figura jurídica imprescindible para el funcionamiento parlamentario ni para la protección de los diputados. Según expresó Gradolí, en la Comunidad Valenciana el aforamiento de Mazón como diputado funciona como un mecanismo de protección personal más que como instrumento para salvaguardar la independencia del cargo, y denunció que el ex presidente no acude a votaciones ni participa en los plenos de Les Corts mientras sí disfruta de los beneficios de esta garantía legal.

Gradolí manifestó que el hecho de que Mazón permanezca aforado sin ejercer de manera activa su papel como diputado provoca descontento entre las víctimas. Apuntó que, en lugar de enfrentar las responsabilidades políticas que se derivan del auto judicial o de sufrir una reacción interna en su partido, el ex presidente ha recibido una mejora salarial y acceso a un apartamento en Alicante. Esta situación, de acuerdo a la entidad, representa una carga adicional para quienes vivieron el 29 de octubre de 2024 las consecuencias de lo que consideran una gestión negligente y una falta de respuesta por parte del Consell y su principal responsable.

Ambas asociaciones han reiterado que la continuidad del aforamiento para Mazón “es una burla y muy indignante para todos los valencianos”, criticando que persista una protección institucional que, desde su óptica, limita la posibilidad de llevar a cabo una investigación judicial plena y transparente. Reclamaron un trato igualitario ante la ley tanto para el ex presidente como para cualquier otro ciudadano, y expresaron que seguirán trabajando para que Mazón pueda ser llamado a declarar ante el juzgado en calidad de investigado, no solo como testigo, en torno a su responsabilidad por las consecuencias de la gestión de las riadas.

A lo largo de estos meses, organizaciones de familiares y víctimas han mantenido una línea constante de demanda de esclarecimiento y justicia. Rechazaron aceptar la actual situación como definitiva y aseguraron su disposición para continuar presionando tanto en tribunales como en el ámbito político para que se revise el marco legal que ampara al ex presidente. Sus portavoces han insistido públicamente en que no renuncian a su objetivo de que se depuren todas las responsabilidades, y consideran prioritario que Mazón colabore personalmente con el esclarecimiento judicial de los hechos relatados por víctimas y testigos de la emergencia.

El proceso judicial continúa abierto tras un año y cinco meses desde los hechos trágicos y mantiene en el centro del debate la cuestión sobre la protección jurídica de cargos públicos, así como las limitaciones legales que impiden avanzar hacia una investigación de mayor alcance. Según detalla la información difundida por las asociaciones, tanto la familia de las víctimas como el resto de la sociedad siguen atentos a los próximos pasos judiciales y políticos en relación al caso de Carlos Mazón y a la demanda sostenida por conocer los detalles completos de su actuación durante la catástrofe.