A juicio por maltratar y violar a su hija menor durante ocho años en Mallorca

Según el informe del Ministerio Fiscal, la menor afectada desarrolló trastorno de estrés postraumático y requirió un tratamiento psicológico continuado con intervenciones especializadas a lo largo de varios años tras lo sucedido. Este impacto psicológico se encuentra vinculado, según la acusación pública, a los hechos ocurridos en el domicilio familiar en Mallorca entre los años 2014 y 2022, periodo en el que, según la Fiscalía, se produjeron agresiones físicas y sexuales de carácter reiterado contra la menor por parte del procesado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares inició el juicio este martes a las 10:00 horas contra un hombre señalado como responsable de maltratar y agredir sexualmente a su hija menor de edad de manera continuada durante al menos ocho años, de acuerdo con la información publicada por el medio. El fiscal reclama para el acusado una condena a 20 años de prisión, además de la imposición de una indemnización de 40.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales ocasionados a la víctima, tal como consignó la fuente original.

Según expuso la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado habría instaurado un ambiente "de terror" dentro del núcleo familiar, lo que afectó de manera directa la convivencia y el desarrollo de la menor. Entre los distintos episodios relatados por la acusación, el Ministerio Fiscal detalló que, durante los seis primeros años —comenzando cuando la víctima cursaba cuarto de primaria y extendiéndose hasta poco antes del aislamiento general por la pandemia del coronavirus— el acusado agredió de manera reiterada a la menor dentro de la vivienda habitual. Se expusieron casos concretos, como cuando el procesado obligaba a su hija a sentarse de cuclillas y la golpeaba con una caña de bambú cuando esta no quería estudiar. Además, la Fiscalía señala otros episodios en los que presuntamente empujaba a la menor hasta estrellarla contra la pared, según lo informado por el medio.

El escrito del Ministerio Fiscal abarca también hechos de carácter sexual continuado entre 2016 y 2022. La acusación sostiene, según publicó la fuente original, que durante estos seis años el acusado sometió a la víctima a reiterados episodios de violencia sexual cuando la menor tenía entre diez y dieciséis años. La Fiscalía sostiene que, ante cualquier resistencia por parte de la menor, el procesado empleaba violencia física para someterla.

El relato del fiscal apunta, además, a las consecuencias directas que este entorno de abuso tuvo sobre la menor. El diagnóstico de estrés postraumático y la necesidad de intervenciones terapéuticas prolongadas constituyen, de acuerdo con la acusación, pruebas del impacto que la situación habría tenido en la salud psicológica de la víctima, según detalló el medio.

La solicitud de condena incluye la petición expresa de una indemnización económica de 40.000 euros, que busca reparar los daños ocasionados tanto por las agresiones físicas como por los delitos de abuso sexual continuado que la Fiscalía atribuye al procesado. Los cargos concretos para los que se pide condena se desglosan en tres delitos de malos tratos en el ámbito familiar, más uno continuado de agresión sexual, según consignó el medio de comunicación en sus reportes sobre el caso.

Durante la fase de juicio oral, se prevé la exposición de las pruebas recogidas en la instrucción, entre ellas los informes periciales sobre el daño psicológico y el testimonio de la víctima, así como la valoración de los hechos específicos ocurridos en el domicilio familiar. La defensa, por su parte, podrá presentar sus argumentos en relación a los hechos y la tipificación penal propuesta por el Ministerio Fiscal, según consignó el medio.

Este proceso penal se enmarca dentro de los mecanismos de protección jurídica apoyados en informes técnicos y periciales para valorar la situación de la víctima y el alcance de los efectos sufridos durante varios años de supuestos malos tratos y agresiones sexuales, tal como detalló la fuente original. La Audiencia Provincial será responsable de resolver sobre la culpabilidad del acusado y sobre las sanciones que correspondan en función de la evidencia que se presente durante las sesiones programadas de la vista oral en Palma.