El subdirector de Emergencias en la dana achaca el retraso en mandar el Es Alert a la tardanza del aval de los políticos

Durante la comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la inundación repentina en la provincia de Valencia, Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, relató que la propuesta para enviar un mensaje masivo de alerta a la población se presentó por primera vez cerca de las 17:15, cuando ya se habían detectado personas en los tejados en la zona de Utiel-Requena. Suárez explicó que, ante el avance de la situación, la decisión final sobre la emisión del aviso dependió de la autorización formal de los responsables políticos. Según informó el medio, la solicitud para activar el sistema Es Alert se retrasó varias horas por la espera del aval político, lo que condicionó la respuesta ante el desastre natural que cobró la vida de 230 personas.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, el funcionario detalló que, alrededor de las 18:38, se reforzó la necesidad de emitir el aviso tras recibir desde la Confederación Hidrográfica del Júcar la comunicación de un alto riesgo de rotura en la presa de Forata, lo que podría generar crecidas de hasta siete metros. En ese contexto, se propuso un mensaje que recomendaba a la población mantenerse en zonas elevadas y aguardar nuevas instrucciones. No obstante, la redacción del comunicado fue objeto de debate interno dentro del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

El testimonio recogido por la fuente indica que José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, advirtió que la primera formulación del mensaje podría resultar “demasiado alarmista” y provocar reacciones descontroladas. Por ello, cerca de las 18:19, el equipo aprobó un texto alternativo que instaba únicamente a permanecer en los hogares y a consultar información de fuentes oficiales, omitiendo la recomendación de buscar refugio en zonas altas.

Suárez, quien ostentaba el cargo de mayor rango presente físicamente en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, abundó ante la comisión sobre la dinámica interna de esa jornada. El medio consignó que el funcionario reiteró lo ya expuesto previamente ante la jueza de Catarroja, a cargo de la investigación penal en curso. Durante el desarrollo de la reunión, parte de los miembros se encontraban de manera presencial y otros conectados telemáticamente. Un receso interrumpió temporalmente la sesión, aunque la plataforma virtual permaneció abierta para evitar inconvenientes técnicos en la reconexión.

El medio detalla que, hacia las 18:10, se intentó organizar una videoconferencia con los alcaldes de los municipios potencialmente afectados, tal como lo habían sugerido los responsables políticos presentes. La iniciativa finalmente no prosperó, en tanto no fue posible establecer la conexión con las autoridades locales.

La aprobación definitiva para el envío del Es Alert no llegó hasta las 20:11. Suárez subrayó ante los legisladores que “se estuvo esperando” de forma explícita a que la dirección general diera el visto bueno para poder tomar la decisión de activar la alerta. “Somos funcionarios y teníamos muy claro que no se podía mandar hasta que no tuviéramos la afirmación de la dirección general”, afirmó Suárez según publicó el medio.

El retraso, analizado en la comisión, estuvo condicionado además por un debate sobre la capacidad real de la dirección del plan de emergencias para delimitar los movimientos de la población en situaciones críticas. La discusión giró en torno a si el equipo técnico contaba con competencias formales para ordenar medidas restrictivas o si tales decisiones dependían exclusivamente de la voluntad de los cargos políticos.

La reconstrucción de los hechos efectuada por la fuente expone la presión y el desconcierto experimentados en los momentos decisivos del 29 de octubre de 2024, mientras el temporal generaba graves consecuencias en la provincia de Valencia. Los datos aportados por Suárez remarcan cómo la coordinación y la aprobación administrativa influyeron directamente en los tiempos de respuesta y en la comunicación de la alerta a la ciudadanía.

El medio señala que la comisión parlamentaria sigue reuniendo testimonios de funcionarios y responsables políticos para esclarecer los factores que incidieron en la cadena de decisiones durante la jornada del desastre. La comisión busca determinar si existieron o no fallos en la gestión y cómo los procedimientos establecidos influyeron en el desarrollo de los acontecimientos y en las instrucciones ofrecidas a la población afectada por la inundación.