PP vasco denuncia "impunidad y amnistía encubierta" tras autorizarse la salida de prisión de la exjefa de ETA 'Anboto'

Los representantes del Partido Popular en el País Vasco han publicado que la medida que permite a Soledad Iparraguirre, conocida en círculos judiciales como 'Anboto' y exdirigente de ETA, salir de prisión durante los días laborables constituye lo que para ellos representa una impunidad y una forma encubierta de amnistía. Según informó el medio, el gobierno autonómico vasco, a través de su Departamento de Justicia, autorizó la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones para Iparraguirre a partir del lunes próximo. Esta decisión ha intensificado el debate respecto al grado de autonomía que, según los populares vascos, se está otorgando a personas condenadas para intervenir en la gestión de su propio régimen penitenciario.

El medio detalló que la medida implica una flexibilización del régimen de internamiento porque permite que la reclusa pueda salir fuera del centro penitenciario mientras cumple el resto de la condena. Dicha flexibilización contempla la posibilidad de realizar actividades externas, tales como un empleo remunerado o tareas de voluntariado, que respondan a un plan individual de ejecución autorizado. El proceso exige que cada interno cuente con un itinerario preestablecido, en el que se especifique de forma clara cuáles serán las actividades a realizar durante los permisos diurnos y bajo qué condiciones regresará al centro de reclusión al concluir el día.

De acuerdo con la información divulgada, la aplicación del artículo 100.2 se enmarca en el sistema general penitenciario para facilitar la reintegración y resocialización de los internos, especialmente en supuestos donde se busca incentivar la adaptación progresiva a la vida en sociedad. Esta normativa se utiliza para casos donde el cumplimiento estricto del régimen interno se considere insuficiente para lograr los objetivos de reinserción social.

El Partido Popular vasco ha afirmado en sus redes sociales que tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han permitido, con esta resolución, que personas condenadas por delitos de terrorismo asuman un papel determinante sobre su tránsito penitenciario. A juicio de los populares, "PSOE y PNV han dejado que los terroristas que maltrataron a nuestra sociedad sean quienes decidan cómo va a ser su propio proceso penitenciario".

Según publicó el medio, la polémica se centra en la percepción de que las decisiones administrativas vinculadas a la ejecución de la condena podrían otorgar prerrogativas a exmiembros de organizaciones como ETA. Los dirigentes del PP consideran que estas autorizaciones suponen un retroceso en las garantías de cumplimiento efectivo de las penas y podrían debilitar la confianza en el sistema penitenciario, especialmente entre las víctimas y sectores de la sociedad que se vieron directamente afectados por los crímenes de la banda armada.

Los hechos han reacendido el debate entorno a los límites de la resocialización y el papel de la administración penitenciaria vasca en la gestión individualizada de los internos condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Según consignó el medio, la disposición del artículo 100.2 sigue vigente en el reglamento general de prisiones y puede ser aplicada bajo parámetros justificados para cualquier recluso, pero su uso en casos de notoriedad pública suele despertar cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales.

La resolución que afecta a Iparraguirre prevé que la presa pueda participar en trabajos o voluntariado fuera del centro de reclusión durante jornadas establecidas, retornando cada tarde según los términos de su plan de ejecución. El medio expuso que dentro del esquema penitenciario español, estas medidas persiguen ampliar los mecanismos de reinserción social como parte de una política progresiva de adaptación al entorno extrapenitenciario, aunque su aplicación en casos de personas condenadas por terrorismo ha resultado especialmente controvertida.

La reacción de los dirigentes populares subraya la intensidad de las diferencias existentes sobre la orientación de la política penitenciaria en el País Vasco y sobre los criterios con que se permite acceder a las medidas de flexibilización. Según reportó el medio, la decisión del Departamento de Justicia vasco se encuadra en el marco de las competencias transferidas a la administración autonómica, que cuenta con prerrogativas para aprobar este tipo de solicitudes tras evaluar los informes técnicos preceptivos.

La noticia ha incidido en la conversación pública sobre el consenso político relativo al tratamiento penitenciario de los delitos de terrorismo y, según comunicó el medio, ha generado manifestaciones en redes sociales que exigen un debate más profundo en torno a la proporcionalidad de las medidas orientadas a la reinserción, la reparación de las víctimas y el mantenimiento del rigor en la aplicación de las sentencias judiciales.