El TSJEx ratifica la condena a los dos acusados por explotar sexualmente a siete mujeres en Cáceres

Las jóvenes afectadas en este caso asumieron deudas infladas que ascendían a entre 2.000 y 3.000 euros, monto que incluía los billetes de avión, gastos y supuestas gestiones relacionadas con su traslado a España; además, quedaron bajo vigilancia continua a través de cámaras y teléfonos móviles con geolocalización. Tal como publicó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) confirmó la condena que previamente había impuesto la Audiencia Provincial de Cáceres a dos personas, encontrándolas culpables de siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución lucrativa y delitos vinculados a la violación de derechos de ciudadanos extranjeros.

El fallo de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx esclareció que ambas personas recibieron penas por seis años de prisión por cada uno de los siete delitos de trata de seres humanos, y que se fijó un máximo de 18 años de prisión para cada uno. Europa Press detalló que la resolución judicial añade la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas durante un periodo de diez años tras la condena, así como una posterior libertad vigilada de cinco años una vez cumplida la reclusión.

Según el tribunal, los acusados iniciaron sus acciones en Colombia, donde localizaron a siete jóvenes en condiciones de precariedad económica. Europa Press informó que, bajo promesas de ingresos asegurados en España, convencieron a las víctimas y financiaron sus desplazamientos y la documentación necesaria, además de proporcionarles sumas de dinero para aparentar solvencia ante los controles migratorios. A su llegada a territorio español, las afectadas debían devolver de inmediato esas sumas.

El medio Europa Press consignó que las mujeres fueron trasladadas a una vivienda bajo el control de los acusados. Allí, se las obligó a posar para fotografías destinadas a anuncios de servicios sexuales y se les impusieron condiciones de trabajo que exigían disponibilidad mínima de seis días a la semana durante las veinticuatro horas. El beneficio económico de los acusados provenía del 40% de cada servicio realizado por las jóvenes.

El control ejercido sobre las víctimas no solo incluyó vigilancia física; según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, los acusados instalaron cámaras en el domicilio y manipularon los teléfonos móviles de las mujeres para rastrearlas mediante servicios de geolocalización, lo que les permitió monitorear todas sus actividades y movimientos en tiempo real.

La sentencia también indica que, además de restringir la libertad de las jóvenes, los acusados incrementaron de forma artificial la deuda que estas debían saldar ostensiblemente para compensar los “gastos” realizados por los procesados, estableciéndola en una cifra que aumentaba su dependencia y vulnerabilidad.

El fallo judicial, al que accedió Europa Press, contempla también la obligación de indemnizar a cada una de las siete víctimas con cantidades que varían entre los 3.000 y los 8.000 euros, en reconocimiento al perjuicio sufrido. Además, la sala estableció que los acusados tampoco podrán aproximarse ni contactar a las víctimas durante la década siguiente al cumplimiento de la condena, y quedarán bajo supervisión judicial prolongada.

Europa Press informó que la resolución hace constar que ambos procesados actuaron con la intención explícita de obtener beneficio económico mediante la explotación de mujeres en situación de necesidad. El texto judicial recoge que brindaron información e instrucciones precisas a las víctimas, aconsejándoles cómo esquivar controles policiales tras su llegada al país.

La sentencia mencionada por Europa Press no ha adquirido firmeza, por lo que cabe la posibilidad de presentar recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El caso continúa de esta forma en el ámbito judicial, donde las partes disponen de vías legales adicionales para recurrir el fallo emitido por la instancia superior de justicia en Extremadura.