La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja de Sevilla por supuesto beneficio ilícito

La magistrada Delia Rodrigo advirtió que la compra de bienes inmuebles por parte del expresidente y el gerente de la empresa Estadio La Cartuja de Sevilla S.A. (ECSSA) coincidió temporalmente con la adjudicación a la constructora Gruconsa de trabajos para adecuar el estadio a los requisitos que impuso la Eurocopa de fútbol de 2021. De acuerdo con Europa Press, la jueza considera relevante este hecho en el contexto de una investigación que abarca los contratos y supuestos beneficios ilícitos relacionados con el estadio sevillano, señalando una posible conexión entre la asignación de expedientes y la adquisición de propiedades.

Según publicó Europa Press, la instructora ha citado en calidad de investigados a José María Arrabal, expresidente de ECSSA y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, y a Daniel Oviedo, gerente de la entidad. Ambos figuran como responsables de la toma de decisiones clave en la relación contractual entre ECSSA, la constructora Gruconsa y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco de los trabajos de adecuación del complejo deportivo para su selección como sede de eventos internacionales.

El organismo jurisdiccional ha avalado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la incautación y análisis de todos los dispositivos electrónicos, telemáticos e informáticos que pertenezcan tanto a Arrabal como a Oviedo. El auto, según Europa Press, autoriza además el acceso, revisión e incluso copia de los contenidos de los servicios de banca online o remota de los investigados en cualquier entidad bancaria, con el objetivo de rastrear posibles movimientos vinculados a un beneficio económico irregular.

La investigación del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) se enmarca en el denominado ‘caso Supercopa’, iniciado a raíz de sospechas de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Según reportó Europa Press, este proceso judicial pretende esclarecer si los responsables de ECSSA obtuvieron retornos económicos irregulares mediante la gestión de contratos relacionados con la remodelación de La Cartuja, así como a través de las negociaciones de la RFEF para celebrar la Supercopa de España masculina en Arabia Saudí.

La jueza Rodrigo destaca, según el auto citado por Europa Press, “la participación directa” de Arrabal y Oviedo tanto en la supervisión de las obras como en la tramitación y negociación con la constructora Gruconsa. El vínculo contractual entre la empresa pública andaluza y la constructora resultó esencial para que el estadio lograse cumplir con los estándares requeridos por la UEFA antes de la Eurocopa.

En sus diligencias, la instructora prioriza la investigación sobre la posible obtención de beneficios económicos ilícitos por parte de los imputados poco después de la adjudicación de los contratos de adecuación. Europa Press indica que la adquisición de propiedades por ambos directivos constituye uno de los ejes centrales sobre los que gira la investigación de la Guardia Civil, al vincularse cronológicamente con los acuerdos entre ECSSA y Gruconsa.

Las pesquisas incluyen la revisión exhaustiva de operaciones bancarias y activos a nombre de Arrabal y Oviedo. El objetivo es determinar si tales transacciones pudieran guardar relación con actuaciones irregulares en la gestión y adjudicación de las obras del estadio, elemento considerado clave por la magistrada Rodrigo para el esclarecimiento de los hechos.

Europa Press detalla que toda la información recabada por la UCO será utilizada para establecer un posible nexo causal entre los contratos adjudicados y los incrementos patrimoniales detectados. Las autoridades buscan evidenciar si existieron delitos de carácter económico, incluyendo el aprovechamiento indebido de fondos públicos y blanqueo de capitales, a resultas de la actividad negociadora en torno a la Supercopa y las obras efectuadas en La Cartuja.

La causa se mantiene abierta y en fase de instrucción, con el foco puesto en los contratos con empresas privadas y en los beneficios obtenidos personalmente por los gestores investigados. De acuerdo con Europa Press, la investigación podría ampliarse si los análisis de los dispositivos electrónicos, así como la información bancaria, arrojan indicios de relevancia penal adicionales.