El instructor del caso de los ataúdes asegura que el cambio de féretros requería logística

El hallazgo de veintiséis libretas que contenían registros detallados sobre fallecidos y la organización de multitud de sepelios fue uno de los elementos destacados en la investigación del denominado 'caso de los ataúdes'. Según informó la agencia EFE, los documentos, descubiertos durante el registro del domicilio de Justo M., exempleado de la funeraria El Salvador, llevaron a los agentes a constatar más de 5.300 episodios en los que supuestamente se realizó el cambio de féretro, así como la retirada de flores de los difuntos en novecientos casos, con el objetivo de revenderlas.

Las declaraciones presentadas ante la Audiencia Provincial de Valladolid señalan que la operación investigada, desarrollada entre 1995 y febrero de 2015, habría exigido una estructura organizativa compleja. El instructor policial, quien fue el primero de los 239 testigos citados, explicó que el proceso de cambiar ataúdes y volver a ponerlos a la venta en la funeraria no podía ser realizado por una sola persona, ya que requería una logística específica. De acuerdo con EFE, la acción consistía en retirar los féretros de los difuntos antes de su cremación para reutilizarlos comercialmente en el mismo tanatorio de Valladolid.

La instrucción judicial enfrenta a veintitrés personas acusadas de conformar una organización que, según el escrito de las acusaciones, incurrió en delitos de constitución y pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. EFE detalló que, al inicio del juicio, el presidente del tribunal preguntó uno por uno a los procesados si reconocían su culpabilidad, a lo que todos respondieron que eran inocentes.

El origen de la investigación formal se remonta a 2017, cuando el hijo del propietario de la funeraria El Salvador acudió a las autoridades. Según consignó EFE, el denunciante informó que Justo M., un antiguo empleado ya fallecido, había comenzado a extorsionar al propietario del grupo empresarial. La extorsión se habría concretado mediante el envío de cartas donde Justo M. advertía que tenía conocimiento de hechos irregulares que habrían ocurrido durante dos décadas, exigiendo una compensación económica. Junto a las cartas, el supuesto extorsionador aportó fotografías de cadáveres y partes de defunción, que sirvieron para fundamentar la denuncia ante la policía.

El motivo esgrimido por los denunciantes fue distinto: alegaron que las peticiones del exempleado estaban relacionadas con la solicitud de revisión de cotizaciones laborales y el pago de atrasos tras su jubilación. En cualquier caso, la entrega de documentación y material fotográfico motivó a los agentes a comunicar al juzgado la posible comisión de delitos asociados a la sustracción de ataúdes. Esto condujo a la apertura de diligencias y al registro del domicilio, que permitió obtener la información contenida en las libretas.

El relato del instructor, reporta EFE, incluyó detalles sobre la imposibilidad de que Justo M. hubiera realizado solo todas las operaciones, especialmente por las particularidades técnicas del proceso. Por ejemplo, explicó que el horno crematorio del cementerio no tenía el mismo tamaño que el del tanatorio, lo que dificultaba la manipulación de los féretros. Así, cremar el cadáver en el camposanto implicaba la coordinación de varias personas y la implementación de acciones planificadas, lo que apoya la hipótesis de una estructura organizada para ejecutar las maniobras.

Durante su intervención, el funcionario policial añadió que, desde el inicio de la relación laboral de Justo M. con la funeraria, existía la instrucción de retirar los cuerpos de los ataúdes antes de su incineración. Según la investigación, el argumento presentado implicaba cuestiones técnicas relacionadas con los barnices utilizados en las cajas fúnebres, cuyo olor resultaba problemático al introducirlas en el horno crematorio. Este procedimiento, lejos de limitarse a una medida puntual, se acabó convirtiendo en una práctica sistemática a lo largo de veinte años, reportó EFE.

Está previsto que las declaraciones programadas de testigos continúen en la Audiencia Provincial de Valladolid durante las próximas jornadas, con la participación de más personas relevantes para la causa judicial. EFE subrayó que el proceso judicial pone el foco en una de las investigaciones más prolongadas de los últimos tiempos en el ámbito funerario, no solo por la extensión temporal de los hechos, sino también por el número considerable de implicados y la magnitud de las operaciones investigadas.