Ábalos pide su puesta en libertad de cara al juicio para evitar el "desgaste" que supondrán los traslados desde prisión

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos sostiene que el procedimiento diseñado por el Tribunal Supremo para las próximas 13 sesiones del juicio comprometería la capacidad del acusado para participar de manera efectiva en su defensa, debido al desgaste físico y mental asociado a los frecuentes traslados desde la prisión de Soto del Real hasta la sede del alto tribunal. El letrado afirma que una dinámica tan exigente afectaría las condiciones del acusado durante el proceso, por lo que solicita la utilización de alternativas menos restrictivas para garantizar su presencia y control procesal. Según consignó Europa Press, Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo una petición formal para su puesta en libertad de cara a la vista oral que iniciará el 7 de abril, argumentando que su continuidad en prisión resultaría desproporcionada y que existen medios para evitar riesgos de fuga y asegurar su sujeción al proceso.

De acuerdo con el escrito citado por Europa Press, la defensa afirma que la fatiga acumulada por repetidos traslados, prolongados tiempos de espera y estancias en dependencias de paso dificultarían la adecuada participación de Ábalos en el juicio, ya que este régimen generaría un evidente desgaste físico y cognitivo. El abogado explica que se trata de circunstancias objetivas y no de una cuestión de comodidad personal, ya que la asistencia del acusado, activo y atento al desarrollo de las pruebas y al diálogo con sus abogados, forma parte esencial de las garantías del proceso judicial. Añade que, bajo el régimen actual, Ábalos comparecería en condiciones menos propicias para asumir su defensa de forma real y efectiva, enfrentando dificultades para comunicarse con sus representantes y responder de forma adecuada durante su interrogatorio, además de participar en la contradicción de las tesis de la acusación.

Europa Press informa que la vista oral contará con sesiones matutinas y vespertinas, todas de comparecencia presencial obligatoria para el exministro. El calendario de audiencias aparece especialmente concentrado, lo que intensificaría la exigencia del régimen penitenciario y el efecto que esto tiene sobre el acusado. Dada esta circunstancia, la defensa insiste en la posibilidad de sustituir la prisión provisional por otras medidas judiciales menos gravosas, como la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y el uso de dispositivos de geolocalización para asegurar su presencia. El escrito subraya que “la adecuada presencia del acusado en el juicio oral forma parte de las garantías mismas del proceso, pues exige que pueda seguir con atención el desarrollo de la prueba, comunicarse de manera eficaz con su defensa, formular observaciones relevantes y participar activamente en su propio interrogatorio y en la contradicción de las tesis acusatorias”.

El medio indica que la prisión provisional fue dictada en noviembre, a pocos meses del inicio del juicio, debido a la proximidad de la vista oral, el riesgo de fuga y las elevadas solicitudes de condena. Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García ingresaron en prisión por estos motivos, según estableció el instructor del caso. Ahora, la representación legal de Ábalos defiende que “la continuación de la prisión provisional en este estadio procesal resulta desproporcionada”, y que el mantenimiento de la medida no aparece ya como imprescindible para asegurar la sujeción del exministro al proceso.

Según publicó Europa Press, la petición de libertad de Ábalos coincide con el recurso presentado por la defensa de su antiguo asesor Koldo García, quien también reclama el fin de la prisión provisional antes del arranque de la vista oral. Ambos afrontarán el juicio junto con Víctor de Aldama, empresario señalado como presunto intermediario de la trama, quien ya ha confesado los hechos según consta en la causa.

En cuanto a las solicitudes de pena, la Fiscalía Anticorrupción reclama para el exministro veinticuatro años de prisión, mientras que para Koldo García solicita diecinueve años y medio, y para Aldama, siete años, tras su reconocimiento de los hechos. Europa Press informa que las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan las peticiones a treinta años de prisión tanto para Ábalos como para su exasesor, y mantienen la misma solicitud que la fiscalía en el caso de Aldama.

Además de las consideraciones sobre el impacto físico y mental sobre el acusado, la defensa de Ábalos enfatiza en su escrito la relevancia del principio de proporcionalidad y de las garantías procesales, y propone la instalación de dispositivos tecnológicos que permitan una vigilancia estricta sin necesidad de prolongar la estancia del acusado en prisión. El propósito, según indica Europa Press, es que el tribunal acceda a medidas alternativas y reduzca el impacto personal del proceso sobre el acusado sin debilitar el control judicial para el desarrollo del juicio.

La decisión del Tribunal Supremo aún no se ha dado a conocer, mientras que las audiencias del juicio oral están programadas de forma intensiva, y requerirán la comparecencia presencial de los acusados durante más de una decena de jornadas a lo largo de varias semanas. El resultado de esta solicitud podría incidir en el desarrollo de la vista y en la capacidad organizativa de las partes, en un proceso que involucra acusaciones de gravedad relacionadas con la gestión de fondos públicos en la adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia, según ha detallado Europa Press.

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