Podemos, Ciudadanos, ACPV y CGT se adhieren a la petición de la jueza de la dana de investigar a Mazón

Las intervenciones y comparecencias del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón durante la gestión de la catástrofe ocasionada por la dana el 29 de octubre de 2024 se han convertido en uno de los principales puntos de análisis en la instrucción judicial. Según publicó Europa Press, diferentes formaciones políticas y organizaciones sindicales han subrayado que existieron omisiones y retrasos significativos en las decisiones críticas que, según sostienen, influyeron en la magnitud de las consecuencias trágicas, con un saldo de 230 fallecidos.

El medio Europa Press detalló que Podemos, Ciudadanos, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y el sindicato CGT se han adherido formalmente a la petición de la magistrada instructora del caso para que se investigue la actuación de Mazón como parte del procedimiento abierto por la gestión de la emergencia. En un escrito presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Podemos expresó su respaldo integral al razonamiento de la jueza y afirmó que existen "indicios suficientes" que justifican una investigación penal sobre la responsabilidad del exmandatario.

Entre los argumentos presentados por Podemos, el escrito —según información de Europa Press— destaca la relevancia de la posición de garante que correspondía al expresidente en la organización de la respuesta a la crisis y apunta a una posible omisión negligente durante las horas decisivas del episodio. También se señala que el entorno del expresidente pudo haber tenido participación en el retraso y en la modificación del contenido del mensaje de alerta a la población emitido a través del sistema Es-Alert, lo cual habría tenido un impacto en la dimensión de la tragedia.

La organización política remarcó que la gravedad de los hechos, así como la acumulación de advertencias previas sobre el riesgo extremo para el 29 de octubre, exigen una investigación exhaustiva. Podemos advirtió que cerrar las diligencias respecto a la máxima autoridad durante la emergencia, sin agotar las pruebas y actuaciones necesarias, "comprometería el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales", según sostuvo el partido en el escrito difundido por Europa Press. María Teresa Pérez, coordinadora general de Podem País Valencià, manifestó como acusación popular su voluntad de alcanzar justicia en nombre de las víctimas y del conjunto de la sociedad valenciana.

Ciudadanos también ha registrado sus alegaciones en el procedimiento, argumentando que no corresponde atribuir la responsabilidad penal únicamente a cargos intermedios, en referencia a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y a Emilio Argüeso, sus dos colaboradores directos investigados hasta el momento. Para esta formación, Mazón, como máximo responsable institucional, tenía la obligación de supervisar y controlar a sus subordinados, especialmente ante un riesgo que califican de previsible y letal. En su argumentación, Ciudadanos citó el artículo 11 del Código Penal para subrayar que la omisión del deber de evitar un resultado lesivo, existiendo obligación jurídica de actuar, equivale a su causación, y detalla que la posición de garante del president deriva tanto de las normas de autogobierno como de su función de dirección y de su decisión de mantener plenamente sus responsabilidades durante la emergencia.

Según planteó Ciudadanos en su escrito recogido por Europa Press, la estructura jerárquica impide que el superior alegue desconocimiento si no ha delegado competencias y subrayó que el "vértice de la pirámide" administrativa debe actuar sin escudarse en el trabajo de sus subordinados. El partido aseguró que la ausencia de Mazón y la falta de validación política en los momentos más críticos habrían frenado la actuación de la estructura de protección civil.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) subrayó en su propio escrito, al que accedió Europa Press, que Carlos Mazón recibió información sobre los riesgos y alertas desde días antes de la catástrofe, especialmente desde el 25 de octubre, y que el 29 del mismo mes ya contaba con datos claros de la alerta roja en Valencia sin haber tomado medidas preventivas. ACPV también señaló retrasos en la comunicación a la población y criticó la actitud del responsable autonómico, incluyendo su comparecencia ante los medios y la aparente trivialización del suceso, reflejando una desconexión con la realidad de la emergencia. El escrito narra que, según la información disponible, Mazón mantuvo a la hora crítica un almuerzo privado y dio instrucciones para no ser interrumpido, mientras la alerta hidrológica en la zona del barranco del Poyo y el río Magro ya estaba activa desde las primeras horas del día.

El sindicato CGT, representado por FETAP, expresó también su apoyo a la labor de investigación de la jueza, señalando la existencia de múltiples diligencias, la recopilación de informes oficiales, el análisis de comunicaciones y la obtención de testimonios directos de víctimas y asistentes. CGT consideró, de acuerdo con Europa Press, que los indicios reunidos poseen un carácter plural, concreto y racional, y apuntan a una secuencia de omisiones atribuibles de manera individual al expresidente, no solo como responsable de un cargo sino como resultado de decisiones y omisiones personales. Para la acusación sindical, la relación entre la deficiente coordinación de la alerta y el desenlace fatal encuentra respaldo en los relatos del desarrollo de los hechos.

En la argumentación presentada por CGT se sostiene que la investigación ha llegado a un momento clave en la delimitación de la posible responsabilidad penal de Carlos Mazón y que la instrucción ha seguido los criterios establecidos por los tribunales superiores. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, tanto las fuerzas políticas como los sindicatos consideran que rechazar la competencia del tribunal supondría contradecir las decisiones tomadas anteriormente por la misma Sala, que derivaron la instrucción al ámbito ordinario precisamente para recabar los elementos que ahora sustentan la presente fase del proceso.

Las formaciones políticas y organizaciones adheridas acusan a Mazón de no adoptar las decisiones requeridas para evitar el agravamiento de los efectos de la dana y exponen que existía una relación clara entre la inacción del exmandatario y la magnitud del daño causado. Los documentos remitidos al tribunal detallan, según Europa Press, que el sistema administrativo y de protección civil se ralentizó en la toma de decisiones clave ante la ausencia de liderazgo durante las horas más graves de la emergencia.

El procedimiento, según la cobertura de Europa Press, permanece a la espera de nuevas resoluciones sobre la imputación formal del expresidente, con una instrucción que ha recabado información de víctimas, testigos y responsables técnicos. Las partes implicadas solicitan que el TSJCV mantenga la investigación abierta para esclarecer la cadena de decisiones y posibles omisiones en la gestión institucional de la crisis.