Los 27 respaldan crear un certificado europeo de apoyo y representación de adultos vulnerables

La propuesta del Consejo de la Unión Europea contempla que cuando un adulto vulnerable requiera ser trasladado a otro país miembro, el lugar de residencia se determinará por decisión judicial y se tomarán precauciones en casos que exijan el ingreso en centros de cuidados, enfoques que buscan resolver conflictos normativos y garantizar derechos ante situaciones transfronterizas. Así lo informó el medio Europa Press, que detalla los contenidos del mandato negociador consensuado por los ministros de Justicia de la UE, aunque España expresó su desacuerdo por considerar insuficientes los avances logrados.

El Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea, reunido en Bruselas, ha alcanzado un acuerdo que fija la posición negociadora frente al Parlamento Europeo sobre la protección de adultos vulnerables en situaciones que impliquen distintos Estados miembro, según publicó Europa Press. Esta iniciativa incluye la creación de un certificado europeo de apoyo y representación, herramienta avalada por los 27 países salvo España, que manifestó su voto negativo. Tal como señaló el Ministerio de Justicia español en un comunicado recogido por Europa Press, las bases de negociación no presentan el nivel de ambición requerido por el Gobierno español, que reclama medidas más amplias y flexibles en materia de protección y derechos.

El mandato acordado responde, de acuerdo con Europa Press, a la necesidad de proteger a personas adultas que debido a patologías vinculadas al envejecimiento, como el Alzheimer, pierden la capacidad de tomar decisiones autónomas y requieren apoyo de familiares o tutores. El nuevo reglamento busca cimentar su derecho a la autonomía, garantizando que puedan tomar decisiones informadas incluso en trámites complejos entre diferentes países de la UE, como la venta de bienes o el acceso a atención médica fuera del país de residencia habitual.

El instrumento establecido pretende clarificar qué autoridades y órganos jurisdiccionales ostentan competencia en estos casos y definir qué legislación resulta aplicable, así como los procedimientos para el reconocimiento y la ejecución a nivel transfronterizo de resoluciones o poderes de representación dispuestos fuera del Estado de origen del adulto vulnerable. Europa Press detalla que el certificado europeo de apoyo y representación funcionará para acreditar la legitimidad de la persona apoderada al actuar en nombre de un adulto en otro Estado miembro, no solo para demostrar representación, sino también para facilitar apoyo, a petición de los gobiernos nacionales.

Sin embargo, según informó el medio, se ha descartado la implementación de registros interconectados que permitirían compartir información sobre medidas de protección entre Estados miembro, bajo el argumento de que esto supondría añadir una carga burocrática excesiva en esta fase de la normativa. Pese a ello, la Comisión Europea se reservó la posibilidad de reexaminar la conveniencia de crear estos registros después de que la legislación entre en vigor, lo que podría abrir un debate futuro sobre la coordinación institucional en la UE.

Una cuestión central en la reforma reside en los procedimientos de reubicación de adultos vulnerables, especialmente los casos en que un Estado miembro podría oponerse al traslado. Los Veintisiete han optado por seguir el mecanismo previsto en el Convenio de La Haya de 2000, que delimita las competencias y la legislación aplicable en estos contextos, estableciendo que la residencia de la persona afectada será determinada mediante resolución judicial. El mandato también abarca disposiciones para la designación de una autoridad competente en otro Estado miembro para ejercer la representación de un adulto vulnerable; no obstante, esto dependerá del consentimiento y la regulación interna del país implicado, según detalló Europa Press.

El texto acordado evita establecer nuevas obligaciones dirigidas a Estados miembro cuya legislación no contemple que una autoridad pública asuma la representación de un adulto, garantizando así respeto a la diversidad jurídica dentro del bloque europeo. Por otra parte, el certificado de apoyo concederá a los representantes la posibilidad de validar sus poderes en cualquier país de la UE, facilitando trámites y reduciendo obstáculos en intervenciones legales o administrativas, señala Europa Press.

España, representada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó dentro del Consejo una postura crítica: aunque comparte el objetivo fundamental de facilitar la vida de personas con discapacidad en el entorno europeo, considera que la medida pactada con los socios comunitarios se queda corta respecto a los estándares de protección y autonomía que defiende la legislación nacional, según consignó Europa Press.

El Ministerio de Justicia recordó que España basa su modelo de apoyo a personas con discapacidad en el respeto a la voluntad y autonomía individual, en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución, que incluyó de forma explícita la mención a las personas con discapacidad, y la legislación aprobada en 2021 que amplió derechos en materia de apoyos y capacidad jurídica. Bolaños instó a los demás Estados miembro a avanzar hacia instrumentos más flexibles y ambiciosos, abogando por que estos desarrollos comunitarios incorporen una visión más inclusiva y de mayor alcance en la protección de adultos vulnerables, según comunicó el citado ministerio.

A la espera de la negociación definitiva con el Parlamento Europeo, el acuerdo del Consejo representa un paso importante en la dirección de armonizar los procedimientos de protección y apoyo para adultos vulnerables en escenarios transfronterizos. El desarrollo de un certificado europeo y la clarificación de competencias entre jurisdicciones responden a la creciente movilidad dentro del continente y a la necesidad de mecanismos ágiles para resolver conflictos legales, aunque la ausencia de registros interconectados y la flexibilización de ciertas obligaciones reflejan las tensiones entre los intereses de simplificación administrativa y la garantía de derechos plenos.