La jueza de la dana cita a declarar como perito a la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló

Victoria Roselló deberá prestar testimonio como experta el 15 de abril ante el tribunal, después de advertir en el Congreso que la magnitud del desastre era conocida y que las herramientas para alertar a la ciudadanía estaban disponibles

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Victoria Roselló, exjefa de Meteorología de la televisión pública valenciana, compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso para señalar que la crecida del Barranco del Poyo el 29 de octubre de 2024 fue advertida en tiempo real y que la magnitud del desastre se podía prever con información disponible. Tal como publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Roselló deberá presentarse el 15 de abril a las 09:30 ante el tribunal encargado de investigar la gestión de la dana, para declarar como perito. La diligencia de citación fue notificada este jueves a las partes.

Según informó el TSJCV, la jueza ha requerido el testimonio especializado de Roselló luego de que su intervención en el Congreso aportara detalles técnicos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En esa comparecencia, la meteoróloga aseguró que el caudal del Barranco del Poyo aumentó de manera “exponencial” a partir de las 15:40 ese día, alcanzando niveles “cuatro o cinco veces superiores al del Ebro”, un dato que, tal como puntualizó la experta, podía consultarse en la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar por cualquier persona interesada.

La instrucción judicial busca esclarecer si la gestión de la catástrofe hidrológica incluyó todas las medidas disponibles para proteger a la población de los efectos de la dana, fenómeno meteorológico que en la provincia de Valencia resultó en un saldo de 230 fallecidos según consignó el TSJCV. De acuerdo a la intervención de Roselló ante el Congreso, a las 15:20 de ese 29 de octubre realizó un aviso desde À Punt para recomendar que la ciudadanía permaneciera en sus hogares ante la inminencia del desbordamiento.

El medio TSJCV reportó que, durante su declaración parlamentaria, la meteoróloga insistió en la existencia de herramientas y datos accesibles en tiempo real, tanto para autoridades como para la sociedad civil. Roselló resumió que “han fallado muchas cosas pero la información estaba a disposición de cualquiera, esto es incontestable”. Añadió que la cifra de víctimas mortales resulta “inasumible” en el contexto de los recursos disponibles para notificar y prevenir el riesgo, aclarando que si bien no se puede evitar la formación de estos fenómenos, sí es posible alertar a tiempo y minimizar el impacto.

Según informó el TSJCV, la jueza considera que el conocimiento especializado de Roselló sobre la evolución meteorológica y la disponibilidad de datos resulta central para determinar la secuencia de avisos, la reacción institucional y el acceso público a la información durante la emergencia. La diligencia destaca que su rol como jefa de Meteorología el día del desastre y su testimonio sobre la accesibilidad de los datos constituyen elementos a tener en cuenta para deslindar responsabilidades.

Durante la Comisión de Investigación en el Congreso, el testimonio de la experta se centró en la evolución del cauce y en los protocolos comunicativos establecidos. Roselló explicó que el aumento del caudal constituía un fenómeno inusual por su rapidez y volumen, reiterando que estos datos estaban reflejados en fuentes oficiales abiertas a la consulta en ese momento. El TSJCV recogió que la declaración aportó elementos técnicos y operativos destinados a clarificar en qué medida la información fue suficientemente divulgada.

La citación judicial de Roselló como perito persigue, según puntualiza el medio judicial, recabar detalles concretos sobre los mecanismos de alerta y el cumplimiento de funciones de los organismos responsables. El proceso indaga tanto el flujo de información como la capacidad de respuesta institucional, a partir de la base técnica aportada por la meteoróloga.

El TSJCV resume que la comparecencia de la experta se perfila como un elemento clave en el avance de la investigación judicial sobre una catástrofe que, el 29 de octubre de 2024, impactó de manera grave la provincia de Valencia y puso en tela de juicio los protocolos de gestión ante eventos meteorológicos extremos.

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