La AN rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el siniestro de Adamuz por falta de competencia

El magistrado Antonio Piña sostuvo en su resolución que “la apertura de un procedimiento penal en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) determina la competencia de ese juzgado para mantener la competencia sobre el desarrollo de la investigación, en la que no podría interferir otro juzgado hasta que su competencia fuese cedida”. Con esta decisión, la causa iniciada a partir de la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), se tramitará en Montoro y no ante la Audiencia Nacional.

Según publicó Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazó por falta de competencia la denuncia presentada contra Puente relacionada con el siniestro ferroviario en Adamuz, donde fallecieron 46 personas. En el auto recogido por el medio, el magistrado acordó no admitir la denuncia presentada por la Asociación Libertad y Justicia, argumentando que “no concurre en este órgano judicial competencia objetiva para su tramitación”.

La denuncia acusaba al ministro Puente y a otros responsables de presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Ante esta situación, el juez Piña pidió la opinión del Ministerio Público sobre la competencia del tribunal y sobre la conveniencia de abrir una causa penal, informó Europa Press. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se manifestó en contra de la admisión de la denuncia, lo que influyó en la resolución definitiva.

En la resolución emitida, el magistrado Piña explicó que la Audiencia Nacional carece de competencia para conocer delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en situaciones puntuales establecidas por la normativa específica. Europa Press detalló que el juez afirmó: “la Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa”.

El auto también abordó uno de los argumentos de la acusación, que intentaba vincular los hechos a la supuesta existencia de una organización criminal. Sobre esto, el magistrado estableció que “considerar, aunque sea de forma meramente supuesta, la existencia de una organización criminal, carece de amparo indiciario alguno, y más parece un artificio destinado a atribuir ficticiamente la competencia a un órgano al que no le corresponde, que responder a la realidad de una organización destinada a la comisión de un hecho delictivo de tal gravedad”.

El medio Europa Press reportó que el juez subrayó la imposibilidad de derivar la competencia al tribunal nacional, dado que en este caso no se cumplen los requisitos legales que permitirían al órgano asumir la instrucción del caso. De este modo, la instrucción y tramitación de la investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz continuará en el Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, mientras no se produzca una cesión jurídica de competencia.

Europa Press también comunicó que este accidente ferroviario, ocurrido en Adamuz, causó la muerte de 46 personas y motivó numerosas demandas de responsabilidades tanto penales como administrativas. La Asociación Libertad y Justicia argumentó en su denuncia la presunta existencia de delitos graves en la gestión y supervisión del transporte ferroviario en la zona, apuntando especialmente a responsabilidades directas del titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Sobre los hechos investigados, el juez Piña dejó constancia en su escrito judicial de que la normativa establece claramente los supuestos en los que la Audiencia Nacional puede asumir este tipo de causas, lo que no se da en el caso concreto del accidente de Adamuz. De acuerdo con Europa Press, recalcó además que la investigación judicial ya abierta en Montoro impide que otro órgano interfiera en su desarrollo, salvo que concurran circunstancias legales de traspaso de la competencia, lo que no sucede en la situación actual.

Además, en el auto judicial, el magistrado incluyó apreciaciones sobre la fundamentación jurídica que sustentó su decisión, lo que refuerza la directriz de mantener la causa en la jurisdicción local andaluza. La investigación penal continuará bajo el ámbito de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, sin que la Audiencia Nacional intervenga en el procedimiento, conforme al criterio sostenido por la Fiscalía, informó Europa Press.