Condenado a 5 años de cárcel un hombre que violó a su prima en una localidad de la comarca de Pamplona

La resolución judicial establece que el acusado, tras un pacto entre fiscalía y defensa, será expulsado del país y no podrá regresar durante una década, además de indemnizar a la víctima con 15.000 euros y cumplir libertad vigilada

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El acusado, de nacionalidad colombiana, deberá abandonar el territorio español tras la sentencia y tendrá prohibido el ingreso al país durante una década. La resolución incluye la obligación de abonar una indemnización de 15.000 euros a la víctima y someterse a un régimen de libertad vigilada durante cinco años, luego de la finalización de la condena principal, según difundió el medio que proporcionó la información.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó esta decisión tras una conformidad alcanzada por la fiscalía y la defensa, según reportó la fuente original. Además de la expulsión y la restricción de retorno, el condenado tiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros por un periodo de 10 años. La sentencia también recoge la consideración de responsabilidad civil, estableciendo la compensación económica a la joven debido al impacto emocional derivado de los hechos.

Tal como publicó la fuente, los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2023, cuando la víctima tenía 17 años. Aquella noche, la joven y una amiga salieron en compañía del primo, que residía temporalmente en la vivienda familiar. Durante la reunión, las tres personas consumieron bebidas alcohólicas. Más tarde, al regresar al domicilio, la madre de la joven mantuvo una discusión con ella al percatarse del consumo de alcohol. Tras el altercado, la adolescente se dirigió a su habitación y escribió una carta de despedida dirigida a su madre. Posteriormente ingirió un número no determinado de pastillas —ibuprofeno, omeprazol y lorazepam— que le provocaron un estado de semiinconsciencia.

Según consignó la sentencia, el acusado ingresó entonces en la habitación de la menor y se metió en su cama. La resolución detalla que procedió a tocarle el pecho por debajo de la ropa, intentó besarla en la boca y acabó cometiendo la agresión sexual, aprovechando el estado en el que se encontraba la joven. La víctima, según documenta la resolución judicial, fue “incapaz de reaccionar” ante el ataque.

El dictamen judicial también describe las consecuencias psicológicas de la agresión. Se menciona la aparición de síntomas de ansiedad y depresión en grado moderado-grave, así como la presencia de sentimientos de culpabilidad y desesperanza respecto al futuro, lo que repercute en los ámbitos personal, familiar, educativo y social de la víctima. La valoración del daño se utilizó para fijar la cuantía de la indemnización señalada por el tribunal.

Según detalló la publicación, al analizar las circunstancias en torno al autor del delito, el tribunal tomó en cuenta que presentaba una afectación leve de sus capacidades intelectuales y volitivas, atribuida al consumo de alcohol durante los hechos. Esto motivó la aplicación de la atenuante de embriaguez en la condena.

Después de interponerse la denuncia por parte de la víctima, el investigado había sido citado por la Policía Nacional para declarar en las dependencias policiales el 20 de marzo de 2023, pero no compareció y abandonó el territorio nacional al día siguiente. Ante esta situación, se solicitó su extradición. Tras ser entregado a las autoridades españolas, el juez instructor ordenó su ingreso en prisión provisional, una medida que permaneció vigente hasta el 8 de septiembre de 2025, según informaciones resultantes del procedimiento judicial.

Antes de la celebración de la vista oral el pasado 18 de febrero, la fiscalía mantenía una petición de ocho años de prisión para el encausado. Tras la negociación con la defensa, ambas partes alcanzaron un acuerdo, lo que redujo la pena solicitada a cinco años de prisión. La solución acordada entre las partes permitió que la condena de cárcel resultara sustituida por la orden de expulsión del territorio español y la prohibición de regresar durante diez años.

La resolución judicial incluye la obligación de cumplir libertad vigilada durante cinco años adicionales al período de expulsión del país. Todo el proceso judicial y los hechos transmitidos han sido detallados extensamente por el medio fuente, garantizando la transparencia informativa respecto a la actuación de las autoridades y de los implicados.