El TSJCV registra la exposición razonada de la jueza de la dana contra Mazón y da dos días para alegaciones a las partes

Para la jueza instructora, la cadena de presuntas negligencias que rodea la gestión de la emergencia se desarrolló de forma secuencial y afectó tanto a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como a su antiguo número dos, Emilio Argüeso, además de involucrar a Carlos Mazón, de quien se subraya una conducta pasiva durante un episodio crítico. La magistrada señala que la dirección de la Generalitat, a cargo de Mazón, se mantuvo prácticamente ausente el 29 de octubre de 2024, día en que la provincia de Valencia registró 230 víctimas mortales a causa de una dana, según publicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De acuerdo con la información difundida por el TSJCV, la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal ha oficializado la recepción de la exposición razonada que la jueza de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja dirigió contra Mazón. El tribunal, en una diligencia dada a conocer este martes, abrió un plazo excepcional de dos días para que tanto la Fiscalía como las partes personadas en el procedimiento presenten sus alegaciones, en sintonía con lo estipulado por la regla número 2 del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según informó el TSJCV, este plazo finalizará el lunes 9 de marzo a las 15:00 horas.

El tribunal encargado de decidir sobre la admisión o no de la exposición razonada estará compuesto por el presidente de la Sala y del TSJCV, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón, quien asumirá la función de ponente, y el magistrado José Francisco Ceres. Tal como detalló el medio oficial, esta designación se ha adoptado tras revisar los antecedentes incluidos en la sala.

Según consignó el TSJCV, la instructora del caso trasladó la exposición contra Mazón con la finalidad de solicitar que se le investigue por una “inactividad negligente” en el contexto de la crisis de inundaciones. La competencia para continuar cualquier investigación corresponde al propio TSJCV, dado que Mazón, tras dejar el cargo de presidente de la Generalitat, mantiene el acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado.

En la exposición, la jueza ahondó en el papel que desempeñó Mazón ante la emergencia. De acuerdo con el documento, “desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”, refiriéndose al almuerzo que Mazón compartió ese día con la periodista Maribel Vilaplana. La magistrada aporta que Mazón permaneció durante aproximadamente cinco horas “absolutamente pasivo, en el reservado de un restaurante”, lo que, a su juicio, constituiría una presunta grave negligencia con resultado mortal al contabilizarse 230 fallecidos y varios lesionados.

Según detalló el TSJCV, la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana desde la declaración del nivel dos, quedando la dirección del plan en manos de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también investigada junto a Argüeso. La jueza citó resoluciones previas de la Audiencia Provincial que refuerzan este criterio, en correspondencia con el Estatuto de Autonomía, la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana.

Además, el TSJCV precisó que, durante el curso de la investigación, se ofreció en tres ocasiones a Mazón la oportunidad para declarar en las diligencias, oferta que no fue aceptada.

El tribunal autonómico dispone ahora de tres opciones respecto a la exposición razonada: asumir la causa atrayendo la competencia, rechazarla o solicitar al juzgado que practique diligencias adicionales antes de emitir una resolución definitiva. Una vez que el tribunal ha recibido formalmente el documento e identificado a quienes deberán pronunciarse, está obligado a verificar la condición actual de aforado de Mazón, por motivo de su escaño parlamentario, lo que definiría la competencia para seguir adelante.

Según publicó el TSJCV, la resolución adoptada este martes por el tribunal valenciano marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la gestión de la catástrofe de octubre, e inicia un periodo clave de alegaciones para todas las partes involucradas en el proceso judicial.